La igualdad de género en la política electoral es sólo una realidad en el papel. En el territorio, las mujeres que aspiran a puestos de elección popular sufren amenazas por parte de sus compañeros políticos o de integrantes del crimen organizado. Ante esta mordaza, ellas intentan generar redes para responder y participar políticamente.
El día que Rosalba Ramírez García viajó a Chilpancingo para denunciar ante los mandos de Seguridad Pública los ataques que había vivido en su contra, sonó su teléfono. Una llamada la apuraba a regresar a Huamuxtitlán, a cinco horas de camino, porque su padre, Abraham Ramírez Rincón, había sido atacado a balazos.
Como Rosalba, otras 27 mujeres candidatas a cargos públicos sufrieron violencia político-criminal en México durante el proceso electoral de este 2024.

El municipio de Huamuxtitlán es la puerta de una región guerrerense conocida como La Cañada. Rosalba creció en este municipio de tierra fértil, en una casa de adobe con olor a azucenas, la flor que su familia cultivaba para vender. Después migró a Chilpancingo, la capital de Guerrero, para continuar sus estudios.
La distancia no le impidió mantener su identidad y arraigo con La Cañada. Participó en la fundación del partido político “Morena”, en Huamuxtitlán, junto con su padre, mientras que en Chilpancingo se consolidó como una periodista experta en la fuente política.
Debido a la naturaleza del oficio, Rosalba forjó vínculos, incluso amistades, con actores políticos en espacios de toma de decisiones, sin embargo, no pensó involucrarse en esa esfera hasta el 2023, cuando los líderes del partido político Morena le ofrecieron abanderar la candidatura a la alcaldía de su pueblo natal.
Quiso ser presidenta municipal porque vio una oportunidad de mejorar las condiciones de su pueblo, no quería que “lo malo” de la política se hiciera nuevamente con el gobierno.
Motivada por su familia, principalmente por su padre, Rosalba decidió dejar Chilpancingo y su trabajo periodístico en esa ciudad y abrirse camino en la política. El sendero resultó ser más complejo de lo que había documentado como periodista.
Primero encontró el rechazo de un sector de la población, sus opositores, quienes la señalaron por haberse ido del municipio donde nació y el cual buscaba gobernar; y por no tener trabajo en ese territorio antes de competir por la alcaldía. Al interior de su partido fue calumniada y desprestigiada, producto de la cultura machista arraigada en la región.
Para Rosalba la violencia se manifestó primero con agresiones verbales que tenían el objetivo de acabar con su imagen como mujer, desde “qué va a saber esta muchachita”, hasta “quién sabe de quien es amante”, fueron los comentarios utilizados para desprestigiarla. “Ahí fue donde conocí, sentí, de primera mano la violencia política de género”, dice.
De las difamaciones, los detractores de Rosalba pasaron a amenazas más concretas, utilizando a personas, no se sabe si cooptadas o pagadas, que le mandaron decir que mejor declinara la oferta del partido y no participara en el proceso interno para la selección de la candidatura, o “algo” podría pasar.
Los ataques escalaron hasta “el extremo de la violencia”. El 6 de febrero del 2024 su padre fue asesinado alrededor de las 9:30 de la noche. Abraham tenía 65 años, era un campesino sano, con una fortaleza física impresionante, los 11 balazos que recibió (dos de ellos en la cabeza) no fueron fulminantes, se mantuvo con vida 20 minutos después del ataque.

A la distancia, aún sin saber la gravedad de la situación, Rosalba se vio obligada a suprimir sus emociones y enfocarse en lo inmediato: conseguir una ambulancia y mantener oculto que Abraham no había muerto al instante, por miedo a que sus agresores volvieran con más municiones.
Huamuxtitlán tiene una sola ambulancia para sus 17 mil habitantes y ésta se encontraba haciendo un traslado. Abraham pasó varios minutos “tirado en la calle”, hasta que fue llevado en una patrulla de la Policía Municipal hasta el hospital donde murió.
“Mi padre era mi principal fortaleza política en el municipio por el reconocimiento a su trabajo, siempre fue un hombre honesto, activo en la vida política y social del municipio”, aunque no aspiró nunca a un cargo. Por esta razón, Rosalba afirma que Abraham fue asesinado para obligarla a retirarse de la contienda electoral.
Una vez confirmado el deceso de su padre, antes de las condolencias, lo primero que recibió Rosalba fueron comentarios como “no te puedes doblar”, “nadie te puede ver llorar”, “es fuerte, pero debes ser más fuerte tú”.
Entonces, “cayó sobre mí toda esa responsabilidad de estar al frente, de poder dar ese mensaje de que había una mujer que aspiraba a ser presidenta municipal y que era una mujer que tenía la capacidad de afrontar las peores situaciones con fortaleza, con dignidad, con la mente fría”.
Rosalba tuvo que esperar a la madrugada del día siguiente para regresar al municipio con su familia. Las cinco horas de viaje se hicieron más largas y mientras más cerca estaba de Huamuxtitlán, “sentí un vacío, sentí soledad, sentí desolación, sentí vulnerabilidad, pero tenía que continuar”, recuerda.
Además de resolver lo inmediato, el velorio y el sepelio, Rosalba quiso enfocarse en el dolor de su familia, pero una vez en casa las voces siguieron cuestionando, “¿vas a seguir?”. A la par la animaban, “tenemos que continuar, ahora con más fuerza, con más ganas, con más coraje, tenemos que ganar, esto no se vale”.
En ese momento, la indignación la fortaleció. Sin embargo, dice, “yo no podía hablar con la gente de mi padre porque en automático sentía unas ganas inmensas de llorar”.
Creo que nadie, nadie, espera ver una candidata sufriendo, quebrada emocionalmente, todo lo contrario, no tuve tiempo en toda la campaña de llorar, de darme la oportunidad de doblarme, de quebrarme, de vivir ese duelo, el duelo lo tuve que pasar por las noches, en casa, después de reuniones, de mítines, en la soledad de mi habitación, en mi cama, cuando todos se habían ido”.
38 días después del asesinato de su padre, Rosalba obtuvo la candidatura a la presidencia municipal de Huamuxtitlán, pero nuevamente recibió amenazas a través de intermediarios, personas que visitaban su casa le decían que “no debería participar (en las elecciones) para que no me pasara lo mismo”.
La campaña de Rosalba fue limitada, a pesar de que las autoridades le brindaron resguardo de la Guardia Nacional. No logró recorrer el territorio de manera libre, debido a que ponderó la seguridad de su equipo y al estar marcada por la violencia, la participación ciudadana a su favor se vio mermada. “La gente que trata de hacer las cosas bien, de manera limpia, siempre va a estar en desventaja”, dice.
El daño a Rosalba se reflejó en los resultados de la jornada, perdió la contienda con 2 mil 82 votos, el 24.8% del total.
Asedio a mujeres candidatas
Recientemente, la mirada internacional se fijó en Guerrero debido a que fue uno de los estados con más crímenes políticos registrados durante la jornada electoral del 2024. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, durante el actual gobierno del estado –a cargo del partido Morena– se agudizó la expansión de los grupos del crimen organizado que operan en la entidad, son 25 registrados hasta el 2022.

Ante el asedio del crimen organizado, para la jornada del 2024 un total de 27 mujeres solicitaron al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero medidas cautelares y de protección, pero sólo procedieron 14, una de ellas fue la de Rosalba. Entre las solicitudes que no prosperaron está la de Candy Espinoza Ríos, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México en el municipio de Copala, ubicado en la Costa Chica de Guerrero, quien aspiraba a la alcaldía.
Candy es media hermana de Jesús González Ríos, quien se perfilaba como candidato a la alcaldía de Copala, pero fue asesinado por un grupo armado el 23 de junio del 2023; fue ella quien lo sustituyó en el proyecto político que impulsó el partido, pero no concretó su candidatura.
El 5 de abril del 2024, mediante su página oficial de Facebook, Candy anunció “con mucha impotencia y coraje” que no participaría en las elecciones. “Me doy cuenta que no hubo el respaldo de parte del Gobierno del Estado, Fiscalía, Dirección de Seguridad Pública, Policía del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes me negaron en todo momento la seguridad para mi persona, familia y equipo de trabajo; Así mismo me faltó apoyo por parte de las Instituciones Electorales” (sic).
Tras publicar este mensaje, Candy dejó su casa y el estado de Guerrero, de ella sólo se sabe que cambió de número, de casa y se llevó a su familia lejos del asedio criminal que truncó sus aspiraciones políticas.
Otro caso registrado durante la contienda electoral fue el de Thalía Mejía Medina, candidata del partido Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio de Las Vigas, quien el 16 de mayo del 2024 anunció que detendría definitivamente su campaña “porque no existen las condiciones necesarias para seguir caminando rumbo al 2 de junio”.
Mientras en Guerrero las mujeres que aspiraban a gobernar se vieron obligadas a blindarse o desistir de competir por el cargo para salvar su vida y la de su círculo cercano (familia, colaboradores), en Guanajuato, Bertha Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, fue asesinada a balazos el 1 de abril del 2024, en el segundo día de su campaña.
Acuerparse tejiendo nodos
De acuerdo con Muriel Salinas Díaz, presidenta de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, “cualquier mujer que sea aspirante, candidata o electa en el proceso electoral, enfrenta situaciones de violencia por razones de género, pero también entrelazada con contextos mucho más amplios de discriminación sexista, violencia multidimensional y de impunidad”.
Para Muriel es un logro del movimiento feminista en México el reconocimiento de la violencia política de género en las leyes: el 13 de abril de 2020 se aprobó la obligación de los partidos políticos a crear áreas especializadas para brindar asesoría y acompañamiento jurídico a las mujeres militantes.
En tanto que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, también están obligados a informar, promover y capacitar a las mujeres sobre sus derechos políticos. Aunque estos lineamientos aún no se cumplen de manera total, la Red ha sumado esfuerzos para ayudar a las mujeres con guías ciudadanas, con el objetivo de que puedan identificar las agresiones.
Cuando las mujeres denuncian violencia política en razón de género pueden solicitar medidas cautelares o de protección a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, “independientemente” de lo que determinen los tribunales en materia penal o administrativa. Como en el caso de Rosalba, que el día que asesinaron a su padre, ella había acudido a solicitar estas medidas de protección.
Por otra parte, “no podemos perder de vista” que en Guerrero hay Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida, es decir, “en el contexto social hay una muy elevada tolerancia a la discriminación y a la violencia contra las mujeres, de tal manera que está tan normalizada que cuando ocurre algo grave, como un atentado o el asesinato violento de una mujer, un feminicidio, no pasa nada”.

Este contexto, a su vez, “tiene un complejísimo nexo con la violencia político electoral”, por lo que Muriel advierte “un enorme desafío social e institucional”, que también “desalienta” la participación política de las mujeres.
En el 2021, se publicó el Primer Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género en el Proceso Electoral 2020-2021 del estado de Guerrero, en el que se registraron 37 casos de agresiones, en los que el 22% de los perpetradores fueron miembros del crimen organizado.
Dicho informe resalta que el recrudecimiento de la violencia política contra las mujeres se debe a “la presencia de grupos del crimen organizado, que en varias regiones y municipios impuso decisiones a los partidos políticos respecto de a qué personas postular o no y el control territorial que estos grupos delictivos ejercieron durante el período de precampañas y campañas electorales”.
Este año, las activistas pretendían elaborar el Segundo Informe, pero “no pudimos hacer eso como sociedad civil, el contexto fue ya muy difícil”, no lograron llegar a las regiones para capacitar a las mujeres. Ante ese impedimento, las mujeres insistieron y crearon los Nodos Regionales en los que participan las activistas y autoridades electorales, “como un mecanismo de vinculación y de coordinación que nos permitiera identificar casos en el territorio y coordinarnos para brindar atención, acompañamiento y canalizar a las víctimas”.
Los Nodos Regionales operaron en el proceso electoral del 2024 de manera virtual, debido a que, para la sociedad civil organizada, “se ha vuelto complejo poder intervenir en los territorios locales, en este tipo de marcada violencia criminal y social”.
En estas condiciones, las defensoras de los derechos políticos de las mujeres también se vuelven un blanco para los grupos del crimen organizado.
Para Muriel es necesario fortalecer las instituciones y disminuir los índices de impunidad, pero también poner “la mirada hacia adelante” en el nuevo orden político a nivel nacional, con la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de la República, la primera mujer en la historia del país.

Alina Navarrete Fernández
El Sur Periódico de Guerrero
México
Licenciada en Literatura Hispanoamericana y Maestría en Humanidades en la Universidad Autónoma de Guerrero. Inició su carrera periodística en el 2014, desde entonces ha colaborado en distintos medios de comunicación a nivel estatal y nacional, cubriendo temas de educación, movimientos sociales, violencia de género y el impacto de fenómenos naturales.