Cuando una ciudad está desbordada por una crisis de muertes violentas, el acceso pleno a la justicia y reparación integral del daño se vuelve un proceso desgastante, complejo y desalentador, sobre todo para las víctimas más invisibilizadas, como las mujeres y las mujeres trans. Esto pasa en Colima, México; la ciudad más violenta del mundo, según su tasa de homicidios, feminicidios y transfeminicidios.
Apenas este 2024 fue creada la Fiscalía Especializada en Feminicidios en ese estado; desde ese entonces sólo cinco casos han sido judicializados, a pesar de que en el primer semestre perdieron la vida de manera violenta 91 mujeres. Además no existe registro oficial, al menos en la última década, de que un solo transfeminicidio haya avanzado más allá de la investigación inicial, aunque en el último año cuatro mujeres trans fueron asesinadas.
Organizaciones que buscan justicia para las víctimas, como la Fundación IUS Género, el Colectivo Orgullo Disidente y el Centro de Atención a la Mujer (CAM), aseguran que existe un subregistro de personas víctimas de feminicidios y transfeminicidios.
Hay una sobrecarga en el sistema judicial, y es por eso que un grupo de jóvenes profesionistas creó ‘Proyecto Alessandra’, una iniciativa para brindar asesoría legal y psicológica probono a quienes han sufrido violaciones graves a sus derechos humanos en Colima.
‘Proyecto Alessandra’ atendió el caso de Valeria, una mujer trans asesinada en su hogar, sin embargo ,el Ministerio Público dejó el caso sin resolver. También tomaron el caso de Mayra, secuestrada y asesinada por policías municipales, en el que sí lograron sentencias condenatorias.
A pesar de tener un desenlace diferente, en ambas historias no se ha logrado que las víctimas directas e indirectas reciban la reparación integral del daño por parte del Estado mexicano. El camino para el acceso pleno a la justicia, todavía es sinuoso y lejano.
¿Qué pasa en Colima?
El estado de Colima, en México, pequeño paraíso del Pacífico Mexicano, vive desde enero del 2022 una crisis de violencia que llevó a su capital, la ciudad del mismo nombre, a convertirse en la más violenta del mundo en los años 2022 y 2023, de acuerdo con el ‘Ranking 2023 de las 50 ciudades más violentas del mundo’, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Colima presume en su publicidad turística que es posible ir –en apenas un par de horas— del mar a la montaña: Manzanillo, el puerto comercial más importante de México, con nostálgicos hoteles a pie de playa, está a 115 kilómetros de Comala, pueblo mágico que inspiró al escritor Juan Rulfo, construido al pie del volcán más activo del país.
Pero el estado también tiene, en sus 5 mil 626.9 kilómetros, operaciones de dos de los cárteles más poderosos, de acuerdo con el Gobierno Federal. El legendario Cártel de Sinaloa (CS), de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán controla el Puerto, donde recientemente inició a probar mercado con el fentanilo; y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), nacido en el estado colindante, está asentado en la capital y la zona Norte del estado.
Pero este no es el motivo que incendió la crisis de violencia en Colima, sino la escisión del grupo delictivo “Los Mezcales”, ahora autonombrado Cártel Independiente de Colima, de sus anteriores socios, el CJNG. El 25 de enero de 2022, en el Centro de Readaptación Social (CERESO) de Colima, presuntos integrantes de Los Mezcales asesinaron a nueve personas pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación, en un motín de grandes dimensiones.
En México, la cantidad de personas que son víctimas de un delito es cada vez mayor: tan solo durante el 2022, a nivel nacional, se estimó una tasa de 28,701 delitos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, para ese mismo año, sabemos que a nivel nacional 92.4% de aquellos delitos no recibieron denuncia o no se les inició una carpeta de investigación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) realizada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Muertes de mujeres no se investigan como feminicidios
Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) evidencian el aumento en el número de homicidios, a raíz del motín en el CERESO que -como se explicó- marcó el inicio de la crisis de violencia actual en Colima.
En el 2021 se registraron 620 asesinatos y para el 2022 la cifra alcanzó los 901, es decir, aumentaron un 45.3 por ciento, en tan solo 12 meses. En 2023 la cantidad de homicidios creció de nuevo, alcanzando los 934 casos, récord actual. Con corte al mes de agosto, en 2024 van 579 asesinatos registrados.
Mirando los números con perspectiva de género también han aumentado año con año los homicidios de mujeres: en 2022 fueron 109, en 2023 creció a 134 y a agosto del 2024 ya van 91.
A pesar de que legalmente se establece que todos los homicidios de mujeres deberán investigarse como feminicidios, hasta que se demuestre que no lo son, hay una gran diferencia en los registros oficiales: del 2016 al 2024 fueron asesinadas en Colima 787 mujeres, pero solo 105 casos fueron tipificados como feminicidios.
Solo 13 de cada cien homicidios contra mujeres son investigados como feminicidios en Colima.
En México, en el Código Penal Federal el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece lo siguiente:
“Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
- La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
- A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;
- Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;
- Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;
- Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;
- La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;
- El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.”
Así como en Colima, es común que los homicidios que se cometen contra las mujeres no sean investigados tomando en consideración que podrían tratarse de feminicidios. Por esta razón, el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género recomienda que todas las muertes violentas de mujeres que en principio parecerían haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa de la muerte y para poder confirmar o descartar el motivo de ésta.
En 2022, el año en que inició la crisis de violencia en la entidad, pasó algo que ilustra perfectamente esta situación: durante la primera mitad del año, las estadísticas de feminicidio reportadas ante el SESNSP se mantuvieron en cero, creando la idea que en Colima no se mataban mujeres por razones de género.
Pero, ante la insistencia de colectivas feministas, la Fiscalía General del Estado tuvo que analizar 70 carpetas de investigación, que habían sido iniciadas por muerte violenta de mujeres, y reconoció que se había acreditado al menos una de las razones de género que establece la Ley para considerar la muerte de la mujer como feminicidio, por lo que procedió a reclasificar los delitos y contabilizar 16 feminicidios.
“Para que los asesinatos de las mujeres en Colima se tipifiquen como feminicidios, lo único que hace falta es que se aplique la ley como tal, nada más, que se aplique el protocolo, pero hay una tendencia, hay un señalamiento desde el nivel Federal para que los feminicidios no se tipifiquen como tal”, considera Evangelina Flores Ceceña, de la Fundación IUS Género.
Mientras los registros del SESNSP han cuantificado 105 feminicidios del 2016 al 2024 en Colima, el conteo del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha identificado 711, es decir, colectivas ciudadanas identifican seis veces más feminicidios de los reconocidos por las autoridades.
Transfeminicidios, un paso atrás
Si es difícil hacer que el Estado investigue los feminicidios, lo es todavía más que lo haga con los transfeminicidios, pues solo la legislación de la Ciudad de México reconoce este tipo penal.
El aumento de las muertes violentas por razón de género a mujeres trans documentadas en 2024 alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que en agosto condenó la violencia que sufre esta población en México y también la impunidad que prevalece.
La CIDH pidió que las autoridades mexicanas sean observadas en su actuación y aplicación del Protocolo Nacional de Actuación LGBTI+, cuyo objetivo es garantizar el acceso a la justicia a estas poblaciones.
También advirtió a las autoridades en la necesidad de “redoblar esfuerzos para prevenir y sancionar actos de violencia contra personas trans”. Y menciona que “la falta de una investigación con debida diligencia puede conllevar a una alarmante situación de impunidad”.
En ese sentido, el Movimiento Igualitario LGBTTIQ+, asegura que en Colima la investigación de los transfeminicidios y crímenes de odio está detenida en la Fiscalía General del Estado.
A través de solicitudes de información realizadas para este reportaje,, la Fiscalía local informó que en la última década solo se tiene el registro de cuatro crímenes de odio en ele estado: el 19 de marzo de 2021, en Manzanillo, contra una hombre transexual; el 4 de septiembre de 2021, en Villa de Álvarez, Contra un hombre transgénero de 54 años; el 9 de septiembre de 2022, en Tecomán, contra un hombre transexual; y el 26 de marzo de 2024, en Colima, contra un hombre transexual.
Pero lo alarmante es que todos los casos se mantienen en una “investigación inicial”, es decir, no han sido judicializados, están impunes, a pesar de que el artículo 123 bis del Código Penal en el estado establece que los homicidios por razones de orientación sexual o identidad de género deben ser castigados con hasta 50 años de prisión.
El presidente de la colectiva Movimiento Igualitario, René Fernández, insistió en entrevista que “la política debe cambiar para que la justicia llegue a los colectivos y personas de la diversidad sexual; ese es un llamado directo a las autoridades para el esclarecimiento de los hechos”
De acuerdo al representante de la comunidad LGBTIQ+, por cada transfeminicidio reconocido por el Estado, hay al menos otros tres inmersos en otras categorías del crimen, como asesinatos pasionales o en “hombres” sin reconocer la identidad; este último es el caso del transfeminicidio de Valeria, que no figura en la estadística de la Fiscalía, pues inicialmente fue clasificado como “homicidio de un varón”.
“Se debe nombrar los temas como son y este tipo de hechos lastimosos que se presentan son transfeminicidios y de acuerdo al protocolo que existe la FGE debe llevar la investigación como tal, de esta manera, en el momento en que se identifique a los responsables deben ejercer la acción penal como lo es y no como un homicidio en cualquiera de sus modalidades”.
De acuerdo al Observatorio Nacional de Crímenes de Odio (ONCO), en Colima de 2016 a 2024 se han registrado doce casos, es decir, colectivas ciudadanas identifican el triple de los crímenes de odio reconocidos por las autoridades estatales.
Proyecto Alessandra:
Ante la violencia, organizarse para buscar justicia
El compromiso de un grupo de jóvenes de poco más de 30 años, llevó a la creación de una iniciativa que brinda asesoría legal y psicológica a familiares de víctimas de delitos de alto impacto en Colima. El Proyecto Alessandra se ha convertido en un faro de esperanza para acceder a la justicia entre quienes además de haber sufrido estas tragedias, enfrentan situaciones de vulnerabilidad social y económica.
Proyecto Alessandra nació en el primer semestre de 2021 como una respuesta directa a la crisis de seguridad que comenzaba a afectar al estado de Colima, en México, marcada por un aumento significativo en los casos de feminicidios, homicidios y desapariciones, especialmente de mujeres. “Era una crisis de seguridad que no habíamos tenido nunca antes”, recuerdan Carolina Valdez, internacionalista y directora operativa del proyecto, y Johny Alonso, abogado y director jurídico del proyecto.
Los jóvenes, de poco más de 30 años, junto con otros cuatro profesionistas, iniciaron con recursos propios y sacrificando sus tiempos personales, la iniciativa para brindar acompañamiento y asesoría legal y psicológica gratuita para personas que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos.
Una situación que identificaron, y les llevó a movilizarse, organizándose para brindar sus servicios probono a la sociedad, es que la violencia pareciera ensañarse con las personas en condiciones de vulnerabilidad: se dieron cuenta que en una gran cantidad de casos, las víctimas y sus familias no podían acceder a servicios legales debido a la falta de recursos económicos.
“Nos basamos en un diagnóstico en el cual entendemos que hay personas que no pueden acceder a la justicia porque no tienen dinero para pagar un abogado”, explican, enfatizando que las víctimas de estos delitos graves, y sus familias, “no pueden acceder a la justicia y son casos muy dolidos, que nos lastiman mucho como sociedad”.
La asesoría legal y psicológica que brinda Proyecto Alessandra, costaría entre 20 y 50 mil dólares, pero ellos lo otorgan probono a víctimas y sus familias, en condiciones de vulnerabilidad social y económica.
En el estado de Colima, el 25.1 por ciento de la población vive en situación de pobreza moderada, aproximadamente 197 mil personas, y 2.71 por ciento padece pobreza extrema, 21 mil 300 de sus habitantes, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Las principales carencias sociales de Colima fueron carencia por acceso a la seguridad social, carencia por acceso a los servicios de salud y carencia por acceso a la alimentación.
Otra de las problemáticas centrales que detectaron los fundadores del proyecto es que, aunque las víctimas de delitos tienen el derecho legal a recibir asesoría jurídica gratuita por parte del Estado -de acuerdo con la Legislación mexicana-, en la práctica este derecho a menudo no se garantiza de manera efectiva.
“La falta de recursos económicos en la administración pública repercute en la calidad de la asesoría jurídica que se recibe, porque es demasiada la carga de trabajo; son demasiados los asuntos que lleva un solo asesor jurídico al día”, coinciden Caro y Johny.
Esto provoca que muchas familias vean “mermadas sus aspiraciones de querer que se haga justicia de manera pronta y expedita”, dice el abogado.
El déficit en la atención jurídica se agrava por la limitada cantidad de personal asignado para atender los casos de víctimas. Son matemáticas simples: en Colima los delitos aumentaron a raíz de la separación de “Los Mezcales” del CJNG, tan solo los homicidios crecieron casi un 50 por ciento de 2021 a 2022, pero no así el número de personal asignado por el sistema judicial para resolverlos, y mucho menos, la cantidad de servidores públicos que brindan asesoría jurídica, para atender a personas en situaciones de vulnerabilidad económica.
En el municipio de Manzanillo, por ejemplo, una de las tres demarcaciones en que se divide el estado de Colima para fines de procuración de justicia, hay solamente tres personas como órganos jurisdiccionales de control: dos mujeres y un varón, tres como asesores jurídicos y dos defensores públicos en funciones.
Estos profesionales deben atender todas las carpetas de investigación, que en el caso de una sola mesa de hechos de tránsito pueden llegar a abrir hasta dos mil carpetas de investigación al año. Como resultado, estos cinco profesionistas deben encargarse de miles de carpetas, lo que claramente compromete la atención adecuada a cada caso.
Ante esta realidad, Proyecto Alessandra se propuso llenar el vacío que deja el sistema judicial público ofreciendo asesoría jurídica gratuita. “Brindamos asesoría jurídica particular, pero gratuita, sin un costo directo para las víctimas y para las familias de las víctimas. El objetivo principal es quitarles carga laboral a las asesorías jurídicas o a las comisiones de atención a víctimas”, proporcionando a las familias el apoyo legal que no podrían costear por sus propios medios.
Son pocos los casos que han atendido, porque son pocas manos y todo se realiza con recursos propios: desde su fundación han asesorado dos decenas de casos que implican violencia de género, pero los casos del feminicidio de Mayra y del transfeminicidio de Valeria son los primeros que han llegado a su final, siendo además los más desafiantes por la falta de perspectiva de género que tiene el sistema penal mexicano.
El proyecto también busca ser una red de apoyo frente a la sobrecarga del sistema judicial. Según Johny Alonso, aunque la función del Ministerio Público es investigar y esclarecer los hechos, las víctimas y sus familias también necesitan que alguien “apoye y defienda sus derechos”, garantizando que los derechos de “acceso a la justicia, de conocimiento de la verdad, de reparación del daño y todas las medidas que forman parte de una reparación integral” sean efectivamente respetados.
Este 2024 fue creada la Fiscalía Especializada en Feminicidios en la entidad, pero sólo cinco casos han sido judicializados; y no existe registro oficial, al menos en la última década, de que un solo transfeminicidio haya avanzado más allá de la investigación inicial.
Judicialización de feminicidios
5
Judicialización de transfeminicidios
0
Un desafío adicional es la falta de recursos no sólo en términos de personal, sino también de presupuesto para llevar a cabo las diligencias e investigaciones necesarias para cada caso. Los jóvenes explican que “no existen recursos para que ellos [los asesores jurídicos estatales] puedan realizar ese tipo de diligencias”. Aunque es responsabilidad del Ministerio Público investigar, “ellos tienen su propia teoría del caso”, lo que significa que las víctimas muchas veces necesitan otro tipo de investigaciones o apoyo que el Ministerio Público no puede proporcionar.
Además, la carga de trabajo del personal de justicia no aumenta a la par de los delitos. Como resumen los fundadores de Proyecto Alessandra, “suben los delitos, pero no sube el personal de justicia ni tampoco el presupuesto que se les asigna tanto al Ministerio Público como a la Comisión de Víctimas o a la Defensoría Pública para atender de forma puntual el tema de la investigación”.
Suben los delitos, pero no sube el personal de justicia, ni tampoco el presupuesto que se les asigna tanto al Ministerio Público como a la Comisión de Víctimas o a la Defensoría Pública para atender de forma puntual el tema de la investigación”.
En este contexto, la labor de Proyecto Alessandra se ha vuelto vital para muchas familias colimenses que de otro modo estarían desprotegidas en su búsqueda de justicia. Su enfoque en la asesoría jurídica gratuita y la atención personalizada busca asegurar que las víctimas no queden atrapadas en un sistema saturado, sin las herramientas necesarias para defender sus derechos.
Como dice Carolina Valdez, su misión es ofrecer una salida a aquellas personas que, debido a la falta de recursos económicos, “no pueden acceder a la justicia, pero que merecen tener una representación digna y eficaz en su lucha por la verdad y la reparación del daño”.
Si se pudiera definir a ambos abogados en una palabra esa sería: idealista. Carolina asegura que Proyecto Alessandra es un llamado a que se puede hacer valer la Ley e impartir justicia, “quitar esta noción social, de que a los malos nunca se les hace nada”. Johny, por su parte, cree que en la medida de que se combata la impunidad, se disminuirá la posibilidad de que los crímenes sigan repitiéndose: “la justicia rompe la espiral de violencia”, asegura.
El trans femicidio de Valeria
Omisiones en la investigación congelaron la búsqueda de justicia
Valeria, una mujer transgénero que vivía en Colima, fue asesinada en su propia casa. Su muerte, ocurrida en medio de una crisis de violencia en el estado, atrajo la atención de un grupo de abogados pro bono, que se enfrentó a la negligencia institucional y la falta de recursos para que se investigará con perspectiva de género. Tres años después el caso está “congelado” por errores en el procedimiento de la evidencia.
Apenas 15 minutos después de terminada la rueda de prensa en que el equipo de Proyecto Alessandra se había presentado oficialmente ante la sociedad colimense, Carolina Valdez, directora operativa del proyecto, recibió una llamada que marcó el inicio de su primera investigación. “Recibimos la llamada de un familiar de una víctima de transfeminicidio”, relata.
Valeria Carrasco, mujer trans de 25 años, había sido localizada muerta al interior de su hogar en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, la madrugada del 7 de julio de 2021. Su cuerpo presentaba huellas de asfixia y habían intentado quemar la cama donde yacía; de acuerdo a conteos ciudadanos, habría sido el tercer transfeminicidio registrado en el estado en lo que iba de ese año.
En el teléfono, José Alfredo Gutiérrez, hermano de Valeria, les pedía ayuda, su caso estaba siendo ignorado por las autoridades. “Llegó un punto a los dos o tres meses a raíz del hecho, en que el asesor jurídico que me habían asignado me dejó de contestar los mensajes y ya tampoco me contestaba las llamadas”, recuerda.
Al recibir la carpeta de investigación, el equipo de Proyecto Alessandra comenzó a analizar las pruebas y evidencias que obraban en el expediente. El caso era más complicado de lo que parecía, y uno de los aspectos más importantes era que Valeria era una mujer transgénero, un hecho que el sistema de justicia no había abordado adecuadamente.
Desde el primer momento la familia lo comentó, pero el hermano se refería a ella como ‘él'”, explica Johny Alonso, Director jurídico del proyecto, añadiendo que este comportamiento no era un signo de rechazo, sino una muestra de cómo su familia aún lidiaba con la transición de Valeria.
La identidad de Valeria no había sido reconocida por el sistema judicial, y los registros del caso la trataban como un hombre, lo que implicaba que no se estaba investigando como un feminicidio, sino como un homicidio simple. “Lo que importa para el derecho penal es la privación de la vida”, comenta el abogado, “pero en el aspecto social, es necesario visibilizar la agresión hacia una persona que pertenece a la comunidad transgénero”.
Esta omisión en la investigación reflejaba no solo una negligencia legal, sino también una falta de sensibilidad hacia las personas transgénero y su derecho a ser reconocidas en su identidad.
(A continuación se muestra el acuerdo ministerial donde se reconoce su identidad)
La carpeta de investigación contenía pruebas cruciales que no habían sido procesadas correctamente. La policía investigadora encontró un condón usado con esperma en la habitación de Valeria, y el Ministerio Público mandó realizar el acto de investigación, pero en el Laboratorio de Química Forense (dependiente de la FGE) le contestaron que no tenían el material para hacerlo. Sin insistir ni ejercer los controles judiciales necesarios, el Ministerio Público dejó de investigar ese rastro de ADN, una oportunidad perdida para avanzar en la identificación del asesino.
Documento que prueba que el laboratorio les dice que no hay reactivos para hacer las pruebas
Otra evidencia significativa era que Valeria había forcejeado con su agresor, por lo que quedaron restos de piel del agresor en sus uñas, y éste tuvo que haber quedado con marcas de rasguños. Incluso un testigo había informado que un hombre cercano a Valeria había asistido a su funeral con rasguños visibles en el cuello y los brazos, pero no se investigó esa pista. La línea de investigación que sugería que el agresor era este hombre no fue explorada a fondo.
Estuvo mal porque yo pienso que sí, que las autoridades sí tenían las pruebas suficientes para encontrar el culpable, pues pero no sé por qué no pasó, no sé por qué no se dieron pues con lo demás”, dice Alfredo, el hermano de Valeria.
Cuando el equipo de Proyecto Alessandra decidió tomar el caso y empezar a corregir los errores cometidos en la investigación, se entrevistaron nuevos testigos y se insistió en realizar pruebas que habían sido ignoradas. Sin embargo, debido a la negligencia inicial, muchos de los actos de investigación ya no arrojaban resultados concluyentes.
A pesar de sus esfuerzos, las líneas de investigación comenzaron a agotarse. “No podemos tener la identidad probable de una persona que haya cometido la privación de la vida de Valeria”, lamentan. Como resultado, el caso quedó “congelado”, pendiente de nueva información o avances inesperados que pudieran surgir en el futuro.
Sin embargo, este congelamiento del caso permitirá que la familia de Valeria pueda recibir una compensación económica y atención psicológica, por parte del Estado, a través de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.
Ese es el siguiente gran reto: enfrentarse a la burocracia y tramitología que complica el incluirse en el Registro de víctimas y luego insistir, por quién sabe cuánto tiempo, para acceder a algunos de los pocos recursos disponibles para reparar el daño a las víctimas de violencia en Colima.
El caso de Valeria no ha concluido. Aunque se han agotado las líneas de investigación, el equipo de Proyecto Alessandra sigue comprometido en hacer todo lo posible por mantener viva la memoria de Valeria y buscar justicia para su familia. “El delito de homicidio es imprescriptible”, recuerdan los jóvenes, “se puede tardar el tiempo que sea necesario, pero vamos a seguir buscando”.
————————————————————————————————————–
Hay sentencia, pero no justicia
El Estado en deuda con la familia de Mayra
El caso de Mayra sacudió al estado de Colima cuando su asesinato, implicando a elementos de la policía, se hizo público. Aunque su caso fue mediático en un principio, pronto quedó en el olvido a nivel mediático, excepto para su familia que al final alcanzó la justicia.
Mayra Jazmín fue secuestrada en la ciudad de Manzanillo, Colima el 19 de septiembre de 2021, diez días después, su cuerpo fue encontrado por transeúntes, con la vida arrancada, con heridas de bala, en una brecha cercana a la carretera a Colima capital, en las inmediaciones del poblado de Jalipa. Mayra tenía 19 años y era estilista.
Cuando la secuestraron, estaba barriendo su emprendimiento “Barber girl”, en El Colomo, una comunidad rural absorbida por el puerto comercial: llena de patios de contenedores, polvo y trailers. Cuando los secuestrados llegaron por ella, se quitó el mandil y dejó la escoba recargada en el espejo.
De los tres secuestradores, todos policías municipales, al menos conocía a dos: uno era cliente de su barbería y otro vivía también en su misma comunidad. Seguro eso le dio confianza de acercarse a ellos.
La pareja de Mayra le confirmó a su madre Yuri lo que ella ya sospechaba: que algo malo había pasado. “Me dijo que se la habían llevado del local, que no estaba; se la llevaron como a las 20:35 horas”, recuerda.
Los tres hombres pidieron 400 mil pesos por Mayra y su familia terminó entregando 82 mil, que es todo lo que consiguió reunir pidiendo cooperaciones con sus amigos y familiares.
El dinero lo entregamos el día 20 de septiembre en una carretera, yo misma lo entregué porque ellos me querían a mí, que yo sola fuera a entregar el dinero porque me estaban vigilando”, narra Yuri, la madre.
Sin embargo, el retorno de Mayra nunca se dio. Yuri seguía esperando, cuando leyó en sitios de noticias en internet que habían encontrado un cuerpo y decían que era el de su hija. Ella no lo creía, pues había entregado el dinero solicitado, pero cuando fue a preguntar a la Fiscalía, confirmaron el hecho.
Siendo personas de escasos recursos, provenientes del vecino estado de Michoacán, en busca de empleo en el puerto de Manzanillo -uno de los más importantes de América Latina-, tampoco fue fácil hacer frente a los gastos funerarios inesperados.
En más de una ocasión, con el dolor atravesado en el alma, la señora habló con periodistas locales pidiendo apoyo de las autoridades municipales y estatales, pero la ayuda no llegó.
Pasando el funeral de su hija, comenzaron a ver afuera de su casa “carros muy sospechosos” vigilándolos por horas; después personas no identificadas empezaron a seguir a toda la familia:” nos fuimos porque no fueron cualquier persona los que se llevaron a mi hija, eran policías; entonces ¿a quién íbamos a recurrir? a nadie, ya no se confía en nadie”.
Mayra, su mamá y sus tres hermanos pequeños -unos niños todavía-, tuvieron que huir del lugar donde vivían por temor: fueron doblemente víctimas de la violencia. Vivieron meses bajo un puente fronterizo en la ciudad de Tijuana, Baja California, esperando asilo humanitario para resguardarse en Estados Unidos.
Algunos meses después, gracias a la intervención de un periodista, que ya conocía el trabajo de Proyecto Alessandra, Yuri entró en contacto con ellos. Sin embargo, Yuri estaba aterrorizada y llena de desconfianza, una respuesta comprensible dada la implicación de policías en el asesinato de su hija.
“Estaban viviendo bajo ese puente, intentando sobrevivir día a día, pidiendo comida, cargando el celular cuando podían”, recuerda el equipo de Proyecto Alessandra. El miedo constante a las represalias y el acoso los había obligado a huir del estado. La violencia es una espiral que revictimiza.
Uno de los mayores desafíos para los asesores legales fue ganarse la confianza de Yuri, quien no solo tenía miedo de hablar, sino que también desconfiaba de todo el sistema de justicia. “Tenía miedo de que quienes la contactaban fueran cómplices de los policías implicados”.
Finalmente, Yuri accedió a una llamada y comenzó a hablar sobre la pesadilla que estaba viviendo. Durante la conversación, reveló que su mayor temor provenía de los implicados en el crimen: “El temor principal era que los probables responsables fueran elementos de la policía”, algo que hizo que tanto ella como su familia se sintieran completamente vulnerables. Tras varios intercambios, la familia de Mayra accedió a que Proyecto Alessandra los representara y ayudara a avanzar en la investigación y protección de sus derechos.
Como Yuri seguía en Tijuana, la organización coordinó los trámites a distancia con la ayuda de un amigo en la ciudad fronteriza que sirvió como intermediario para trasladar los documentos necesarios.
Lo difícil de ser reconocido como víctima
Uno de los primeros obstáculos fue inscribir a Yuri y su familia en el registro de víctimas, un proceso que resultó ser increíblemente burocrático y deshumanizador. “Pedían fotografías recientes, un domicilio cierto, e incluso una carta donde narraran todos los hechos, algo que era claramente una revictimización”, comentan los fundadores de Proyecto Alessandra.
La falta de sensibilidad de las autoridades no ayudaba a la familia, que ya estaba lidiando con el trauma de la pérdida. Sin embargo, los jóvenes abogados lograron que se tomaran medidas para garantizar la seguridad de la familia cuando tuvieron que regresar a Colima para desahogar diligencias judiciales. Coordinando con la Policía Estatal y la Guardia Nacional, se organizó un operativo para escoltar a la familia durante su estadía en el estado. “Hicimos todo un operativo para que ella se animara a venir”.
Una diferencia crucial entre el caso de Mayra y el de la mujer trans Valeria fue la calidad de la investigación. “El Ministerio Público tenía una investigación impecable”, reconoce la organización. Se habían realizado intervenciones telefónicas y se había recuperado información crucial de los teléfonos de los sospechosos, lo que permitió esclarecer no solo el asesinato de Mayra, sino también otros delitos en los que los implicados estaban involucrados.
A lo largo del juicio, la defensa de los acusados intentó sin éxito desestimar la evidencia obtenida, alegando violaciones a derechos humanos y buscando la nulidad del cateo realizado en la casa de uno de los sospechosos. “Intentaron todo para que se declararan nulas las pruebas, pero la investigación fue impecable”, afirman.
El camino a la justicia
Laura Jiménez, presidenta de la Asociación Civil Acción Afirmativa, reconoce la importancia de que, al menos a nivel de sentencia, se materialice el acceso a la justicia, ya que la que beneficiará a otros casos de violencia feminicida y delitos relacionados como secuestro.
“Este caso llega en un contexto grave de violencia contra las mujeres, donde las autoridades se resisten a aplicar el criterio de que toda muerte violenta debe ser investigado como feminicidio. Que exista ya una sentencia condenatoria nos fortalece para seguir luchando y para que se implementen de manera pronta los principios de la debida diligencia reforzada en casos de muertes violentas de mujeres”, asegura.
Aunque se logró una condena, el caso aún no ha concluido completamente. La familia de Mayra sigue esperando la reparación del daño, un proceso que, según el Proyecto, aún debe pasar por varias etapas legales, incluyendo la resolución de los recursos de amparo interpuestos por los condenados. “Aún estamos en la etapa de ejecución de la sentencia”, explica. Mientras tanto, la familia de Mayra, aunque sigue sufriendo la pérdida, ha podido regresar a Colima y comenzar a reconstruir sus vidas.
Yuri, la madre de Mayra, mantiene desde que volvió a Colima, un altar para su hija, siempre con una vela prendida, “me siento mal por que no tiene luz donde está”. Con sus propios recursos personales paga terapia psicológica que debería ser entregada o cubierta por el Estado, invirtiendo 30 dólares por sesión. Uno de los más afectados es su hijo menor, que ya tiene diez años, pero era muy unido a Mayra.
“Se acuerda mucho, en las Navidades, en diciembre, cuando tiene algún evento en la escuela, ella era la que lo llevaba; este año me dijo: estoy feliz porque ya se va a llegar Navidad y tendré un regalo, pero por otra parte no me siento feliz porque no estamos completos”.
A pesar que las estadísticas de violencia han aumentado en los últimos años en Colima, no pasó así con las solicitudes y el registro de víctimas. Y en 2022 solo se otorgó una reparación integral con cargo al fondo, para cuatro víctimas indirectas de feminicidio por 483 mil pesos.
El caso de Mayra no solo es un testimonio de la violencia que aún afecta a muchas familias en México, sino también de la importancia de que desde la sociedad haya profesionistas que luchen por garantizar que las víctimas de violencia obtengan justicia, incluso cuando el sistema judicial parece estar en su contra. La justicia puede llegar, siempre que haya quienes estén dispuestos a perseverar en su búsqueda.
Créditos
Ilustraciones: Melisa Casillas
Arnoldo Delgadillo Grajeda
Milenio
México
Investigador social, periodista y escritor mexicano. Corresponsal de Milenio en el estado de Colima. Ha publicado textos periodísticos en medios nacionales e internacionales. Especialista en crónica, temas de cultura popular, expresiones de la narcocultura y violencias.