Hijos de la metanfetamina

Fotos y texto: Ricardo Hernández Ruiz

En México se ha omitido incluir a los niños, niñas y adolescentes hijos de usuarios de sustancias adictivas en las políticas de drogas y derechos de las infancias...

En México se ha omitido incluir a los niños, niñas y adolescentes hijos de usuarios de sustancias adictivas en las políticas de drogas y derechos de las infancias, en un contexto donde la metanfetamina se ha colocado como aquella de mayor impacto en todo el país y la que ha minado la estabilidad en miles de hogares.

No entendía lo que pasaba. Su papá subía y bajaba las escaleras de la casa. Frenético. Arriba y abajo, arriba y abajo. “Me van a matar”, gritaba lastimeramente. El diagnóstico era delirio de persecusión, pero Olivia era una niña y no sabía de hospitales ni de drogas, a las que era adicto su papá, Ramón, un ingeniero civil contratista del gobierno de la CDMX. La primera vez que lo vio drogándose, más bien, lo escuchó. Un sniiiifff y la nariz polvorizada. Pero no sólo era la coca, sino el alcohol y otras drogas como la metanfetamina, que a esa edad ella no alcanzaba a reconocer y con las que tuvo que convivir hasta sus 21 años, cuando todo acabó con una muerte intempestiva. 

Las veces que anochecía y Ramón no regresaba, su esposa salía en el carro a buscarlo y se llevaba con ella a sus pequeños hijos, Olivia y su hermanito. Olivia tiene dos recuerdos muy grabados de esas ocasiones. O más bien dos ruidos: el primero, el estallido de los vidrios de un lugar al que su mamá se metió para sacar a gritos y empujones a Ramón, fuera de todo juicio; y el segundo, el tubazo en la cabeza que su madre le dio a su padre como castigo, en un arrebato desesperado.

Con los años Olivia aprendió a medir la severidad del problema en el número de muebles: entre menos muebles más la deuda y el consumo de Ramón. Cuando Olivia tenía 21 años, la casa llegó a estar completamente vacía, con todo empeñado o en las manos de los narcomenudistas que le surtían la droga y que solían irrumpir en la sala para cobrarse por su cuenta. Y ahí es cuando Ramón no pudo más y se suicidó. En la casa sólo quedó un bolígrafo, una lata, Olivia, su hermanito y nada más, porque para entonces mamá, quien también desarrolló adicción al alcohol, ya los había abandonado.

Estas son experiencias de vida que realmente no le deseo a nadie. Sin embargo, sé que no soy la única. Hay tantas chicas y mujeres que dicen que un familiar cercano no pudo superar la lucha. Y somos tantas. Y no hablamos de ello. ¿Cuántas veces llegamos a una clínica (de rehabilitación) y solo se enfocan en él? Y no se enfocan en su esposa, en sus hijos. Debería haber una conciencia de que la persona enferma afecta a todos a su alrededor; afecta a toda la familia. Yo consumí cocaína en algún momento. Quería usarla para entender lo que mi papá sentía: ¿qué lo había enganchado? ¿Qué era tan placentero? Qué… si valía tanto la pena. Me refugié en muchas cosas malas, incluido el alcohol, donde me emborrachaba hasta perder el sentido. Estuve con muchas parejas, buscaba afecto y amor en los lugares equivocados, porque había ausencia. Buscaba a alguien que tuviera problemas, que fuera alcohólico o drogadicto, porque quería salvarlo, quería tener la satisfacción de decir: ‘Quizás no pude salvar a mi papá, pero pude salvarlo a él’.*

Es el testimonio que Olivia dio recientemente en el marco de un programa especial encabezado por la Unión Europea dirigido a visibilizar a los miles de niños, niñas y adolescentes hijes de usuarios de sustancias ilícitas que han sido ignorados en las políticas de drogas y los derechos de las infancias en México –y el mundo–. Y es que la experiencia de esta población, afectada por el consumo problemático de su padre, madre o tutor, no se contempla en la respuesta de los servicios públicos de Salud, Educación o Victimal ni en las líneas directrices de la prevención, rehabilitación e intervención en los casos de adicción en este país.

Como este centro de rehabilitación, al igual que miles otros, no está regulado por la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) se rige por la fe, creencias populares o la experiencia acumulada de los fundadores, pero no por políticas públicas.

Por ejemplo, a la sala de Urgencias llegó una recién nacida delirando por la abstinencia de múltiples drogas. Otro bebé murió intoxicado de narcóticos en las manos de los doctores. El pequeño Luca y sus cinco hermanitos se criaron solos porque su mamá lleva una década presa sin sentencia por portar una microdosis de metanfetamina. A Sara y sus dos hermanitos la autoridad los rescató de un diminuto cuarto de cartón, entre heces fecales, con desnutrición y temerosos de los arrebatos de sus padres, dependientes del cristal. Lola intentó suicidarse al salir de la secundaria porque no sabía cómo lidiar con su papá, un sicario adicto a varias sustancias. A Carlitos lo separaron de su madre, con policonsumo, y pasó su adolescencia en un anexo clandestino en el que estuvo tres meses agonizando con el pulmón perforado por la tortura sufrida ahí adentro. Lo único que Nico quería era alguien con quien platicar sobre el miedo, la angustia y la culpa que sintió al tener a su padre prendido a las drogas sintéticas.

Son casos recientes de niñes de tan distintas latitudes y contextos en México, pero iguales en algo: todos hijes de personas usuarias de drogas; menores de edad en el más profundo desamparo, ignorados por este país, frenético de tanta metanfetamina circulando por las calles.

Daño oculto

“Mauricio” (arriba) y “Saúl” (abajo). Juegan con un triciclo que encontraron en el patio del centro de rehabilitación. “Es que no tuve infancia”, dice medio apenado “Mauricio”.

Corina Giacomello, una de las pocas especialistas sobre el tema a nivel global, dice que a esto se le llama “daño oculto”, porque estos niñes lo viven en silencio y silenciados. En silencio puertas adentro, por la pena, el estigma y la desinformación por parte de la sociedad en general; y silenciados en el ámbito público a causa de la violencia, la criminalización, políticas punitivas y las pocas opciones para recibir ayuda institucional y profesional. 

Giacomello es una italiana que trabaja en México desde hace dos décadas como investigadora en la Universidad Autónoma de Chiapas. En 2020 el Consejo de Europa decidió actualizar su Estrategia para los Derechos del Niño, correspondiente al periodo 2022-2027, porque hasta entonces todos los tratados internacionales sobre infancias o drogas dejaban fuera a los hijos de personas con adicción. Desde el Grupo de Cooperación Internacional sobre Drogas y Adicciones del Consejo de Europa (Grupo Pompidou) se propuso hacer un diagnóstico, involucrar a países interesados y esbozar propuestas encaminadas a un enfoque que contemplara a esta población como un grupo de alto riesgo. Y fue Giacomello a quien se le encomendó la tarea, que resultó en cuatro volúmenes generales y otros tantos documentos sobre tópicos más particulares.

Giacomello empieza la entrevista con un par de comentarios para evitar la estigmatización: La mayoría de las personas en el mundo no usa drogas. Casi todos los que sí las consumimos tenemos una convivencia sana con ellas. Y luego está esta pequeña porción de la población con adicción problemática, que no puede lidiar sola con ellas y que tienen hijos viviendo experiencias sumamente adversas enmarcadas en este contexto. Es a este sector al que hay que poner atención, enfatiza.

Durante la investigación, Giacomello hizo una evaluación de políticas públicas de 13 países de Europa Occidental, África Septentrional y de México como único representante de América. Así pudo saber que este país no cuenta con programas o acciones que atiendan este problema.

Lo confirma en entrevista Miriam Carrillo, directora de Prevención del Centro de Integración Juvenil (CIJ), un órgano sectorizado de la Secretaría de Salud dedicado al tratamiento de consumo de drogas, quien reconoce que existe un reto aún más primitivo y urgente por resolver: saber con certeza de qué tamaño es el problema.

Un universo desconocido

No existe ningún censo oficial en México que muestre la cantidad de niños, niñas y adolescentes hijos de usuarios de drogas, ni diagnóstico sobre su condición de vida. No se sabe cuántos son, dónde ni cómo están, si ya comieron o si faltaron a la escuela, quién los cuida o si alguien los maltrata; si el Estado está garantizando el derecho superior de la niñez. Este reportaje está centrado únicamente en aquellos que se crían en familias con consumo problemático y disfuncional.

La más reciente Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco es de 2016. Da cuenta de 8.5 millones de consumidores de sustancias adictivas, de los que medio millón reconocieron ser dependientes. Son datos viejos, cuando la marihuana era la droga ilícita más común y justo el año en que la metanfetamina comenzaba a cobrar protagonismo, como ha reportado la Secretaría de Salud. 

Esta dependencia da cuenta en su último informe sobre el tema que, desde 2017 a la actualidad, el cristal es la segunda droga ilícita con la que se inicia el consumo de sustancias adictivas, por detrás de la marihuana. Esta se ha posicionado en el 90% del territorio nacional como la droga de mayor impacto, es decir, el motivo principal por el cual los consumidores pidieron ayuda: 6 de cada 10 personas que han acudido por tratamiento a centros de rehabilitación no gubernamentales del país van por problemas con el anfetamínico. 

Pero estas estadísticas nacionales no incluyen datos sobre si estas personas son padres de menores de edad. El CIJ es el único organismo que tiene información con la cual construir un aproximado. De 2014 a la fecha este organismo ha tratado a 270,000 personas.* Sin embargo, sólo al 16% –los que acuden con regularidad– se les aplicó un cuestionario sobre su situación familiar.

Debido a este esfuerzo sabemos que hay al menos 12,000 niños, niñas y adolescentes en México que se han criado en familias con consumo problemático de sustancias adictivas desde 2021.* Cuatro de cada 10 de estos niñes creció con la presencia de la metanfetamina en sus hogares, una droga que ha provocado un dolor inédito.

Los huérfanos de un país narcotizado

De izquierda a derecha “Mauricio”, “Saúl” e “Israel”. Por un momento se olvidan de todo y vuelven a ser niños, adoptan la personalidad de las máscaras, se persiguen y se juegan bromas.

Hay un duelo que se ha llorado bajo la mirada de nadie, en un llanto disimulado y oculto, subrepticio: la orfandad de decenas de niñes cuyos padres y madres murieron por sobredosis.

Desde que inició la guerra contra el narco en México –en 2006– y hasta 2023 se han registrado 47,500 muertes por lo que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) llama envenenamiento accidental por exposición a alguna droga.* De ellas, 2,075 fueron por consumo de fármacos y narcóticos.*

Y como en las actas de defunciones se omite un dato tan simple como si es padre o madre, no sabemos cuántos huérfanos por consumo excesivo de drogas hay en el país. ¿Qué deberíamos hacer con estos niños y niñas en desamparo?, le pregunto a Corina Giacomello. 

Francamente, no tengo una respuesta, es decir, no es algo que haya pensado ni estudiado; que tenga una respuesta masticada, informada. Lo único que sí puedo decir es que estoy totalmente de acuerdo en que es un tema que se debe de empezar a visibilizar y atender desde la prevención. Urge una doble perspectiva: por un lado, reconocer que esos huérfanos existen, contabilizarlos; y por otro, considerarlos como víctimas, víctimas de una falta de atención del Estado a la situación de estos padres y madres con consumo problemático de drogas”, dice Giacomello.

Tenerlos en cuenta podría generar, según Giacomello, una atención interinstitucional y garantizar sus derechos, como acceso a una contención emocional, atención psicológica y médica profesional; prevención del embarazo adolescente; programas para evitar deserción escolar; acciones para que no repitan el patrón de consumo; derecho a la reparación del daño.

En México la atención a esta población ha sido tan precaria que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) declaró no haber atendido ningún caso así* y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) aseguró haber recibido a tan sólo cuatro niñes huérfanos porque sus parentelas fueron víctimas de homicidio relacionado con el uso de sustancias adictivas.* Cuatro huérfanos atendidos de un universo posible de miles o, quizá, decenas de miles en orfandad.

Morir en el cunero de tanta droga

Un determinado día de 2023 llegó a la oficina de la Dirección General de Información en Salud un oficio notificando el ingreso hospitalario de un recién nacido a la sala de urgencias de un hospital de Quintana Roo, a causa de una intoxicación aguda provocada por psicoactivos. Luego llegó otro, desde Sonora, informando sobre un bebé con síndrome de dependencia a estimulantes sintéticos, y otro similar de Tabasco por delirios por la abstinencia a múltiples drogas de otro bebé de apenas semanas y otro de Veracruz y otro de Guanajuato…*

Desde 2007 la Secretaría de Salud tiene el registro de 68 casos de menores de un año que han pasado por la sala de urgencias de hospitales del país por diversos trastornos causados por el uso durante el embarazo de múltiples drogas por parte de sus madres, tales como antidepresivos, tranquilizantes, psicoestimulantes, LSD, cocaína, heroína, morfina, metanfetamina.* A estos se suman otros tres casos –en Guerrero, Durango y Tamaulipas– en los que el recién nacido murió en las manos de los doctores porque su cuerpo no soportó tanto narcótico.* 

Es una arista más del problema de hijes de personas con drogodependencia que las políticas públicas sobre infancias han desatendido, opina Corina Giacomello.

El tratamiento de adicciones o reducción de daños para mujeres embarazadas enfrenta un problema. Es común que se rehúsen a pedir ayuda institucional por el temor a que les arrebaten a sus hijes una vez paridos, prosigue Giacomello. Y es que el procedimiento marca que, ante un caso así el hospital levanta una notificación, intervienen las fiscalías y las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y, según se requiera, se puede solicitar como medida cautelar la separación familiar y el resguardo al menor de edad en algún Centro de Atención Social (CAS), que son establecimientos públicos y privados para acoger niñes sin cuidado familiar. 

Y el temor es fundado. Desde 2016 a la fecha se han albergado al menos a 2,200 niños, niñas y adolescentes de “madres o padres toxicómanos” en CAS de 16 estados del país.* 550 de ellos eran recién nacidos o estaban en su primera infancia al momento del ingreso.* 

Luis Alberto Ceceña es director de Casa Cuna, uno de los cinco CAS en Baja California Sur, donde la metanfetamina se ha propagado como en pocos estados del país. Cada año, según Ceceña, albergan aquí alrededor de cuatro bebés con síndrome de abstinencia neonatal a causa del consumo durante el embarazo de la madre toxicómana, la mayoría adictas al cristal. 

Los efectos físicos del consumo de metanfetamina, cocaína y cannabis en los recién nacidos pueden ir desde temblores leves e irritabilidad hasta fiebre, pérdida excesiva de peso, convulsiones, incluso, deformaciones en la circunferencia craneal, de acuerdo con informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Es importante señalar que estos bebés tienen repercusiones profundas por el consumo de la madre, daños a nivel neuronal; llegan con bajo peso y una condición de desnutrición severa, que nos tarda dos años en recomponer esta situación; o con problemas psiquiátricos. También corren el riesgo las madres de aborto espontáneo o parto prematuro”, dice Ceceña. 

La separación familiar por esta situación es una posible fuente de trauma tanto para las madres como para los hijes, sin importar la edad, advierte Giacomello: “Para evitar esto, me parece una buena práctica el modelo de acogida temporal de estos bebés que nacen con problemas relativos a la droga o de niños más grandes. Es un buen modelo porque es una medida en la que a los padres biológicos se les sigue reconociendo como padres y los bebés quedan al cuidado temporal de una familia previamente evaluada y elegida. Y si hay un buen trabajo de parte del Ministerio Público, de los padres, los servicios sociales y de la familia de acogida los niños pueden estar en un entorno tranquilo, en el que sus padres pasan por su tratamiento contra las drogas y recuperan a sus hijos cuando se rehabilitan”.

Existen ejemplos internacionales sobre el tema que México podría seguir. Dinamarca cuenta con un centro ambulatorio especializado en atender mujeres embarazadas con consumo problemático de drogas, a quienes se les da seguimiento después del parto, con atención médica y psicológica integral, hasta que los niñes llegan a la edad escolar. Italia implementó un programa de cuidados intensivos para familias con drogodependencia, en el que se lleva la atención necesaria hasta el hogar para evitar a toda costa la separación del menor. Italia también cuenta con 35 centros especializados para madres con consumo problemático de drogas, que son albergadas junto con sus hijes. 

En México esto no existe, reconoce Miriam Carrillo, del CIJ. “Apenas este año se empezó a construir el primer centro residencial que recibirá a mujeres con sus hijos y estará en Jalisco”.

Agonizar en un anexo clandestino

Hay otro tipo de separación familiar realizada por la autoridad que linda con lo criminal, la de adolescentes, ya sea con drogodependencia o que son hijes de madres toxicómanas que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) traslada a anexos clandestinos, donde la tortura es generalizada.

“Mauricio” quería ser monaguillo, pero conoció en una fiesta la metanfetamina, de la que no pudo separarse por años. Está en Montecristo Kids, un centro privado de rehabilitación sin permisos para operar como tal, pero el único que hay en el sureste de México exclusivo para menores de edad. Los adolescentes pusieron como condición para ser fotografiados el anonimato y no mostrar sus rostros.

En México el servicio de atención a las adicciones se empezó a privatizar en el sexenio del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) y no ha parado. Hoy el país cuenta con una red pública conformada por 441 centros públicos de tratamiento y prevención, a la que se le suman más de 2,000 centros privados. También existe todo un universo de establecimientos que no han cumplido con los requisitos mínimos que impone la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), como órgano regulador, pero que han conseguido permisos de funcionamiento por parte de la autoridad municipal o estatal que les permite operar. Y luego están los anexos clandestinos, que operan sin aval de ninguna autoridad y donde se cometen sistemáticamente torturas y demás violaciones a los derechos humanos, como ha documentado ampliamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y asociaciones civiles como Documenta, a uno de los cuales llegó Carlitos.

Desde que Carlitos tiene memoria había drogas en su casa, en La Paz, Baja California Sur. Su papá se inyectaba heroína y la mamá usaba de todo, pero más, metanfetamina. Él los abandonó demasiado pronto. Y ella años después, cuando Carlitos tenía 10 años. Los dejó solos a él y a sus tres hermanos menores. Ante el abandono, Carlitos dice en entrevista que tuvo que salir a la calle a pedir dinero, a vender pescado, a trabajar de mandadero, de lo que fuera, pero en algún momento la casera dio aviso a la autoridad. 

El DIF los ingresó a una casa hogar, de la que Carlitos escapó. Deambulando de nuevo por la calle se encontró con su mamá, con una nueva pareja, embarazada y con un consumo agravado de cristal. En una de las peleas entre la pareja intervino la Policía, que llevó a Carlitos de nuevo con el DIF, pero como él ya era un adolescente de 14 años; como ya estaba consumiendo marihuana y como antes ya había escapado, decidieron mejor trasladarlo a un centro sin permisos de la federación. 

“El asunto es que no existe en México ningún centro especializado en atención a adolescentes con consumo problemático de drogas. Ninguno. Y eso es preocupante. Y nosotros evitamos mezclar población infantil con adolescentes que ya presentan problemas con las drogas”, explica Ceceña, quien no supo ni manejó el caso, pero que conoce bien la institucionalización de niñes.

Aunque Ceceña diga que no, seis estados de la República (Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo y Tamaulipas) reconocieron albergar a 700 niñes y adolescentes usuarios –la mayoría de alcohol, marihuana y cristal– en casas hogar del DIF, donde no existe un programa ni instancia para tratar adicciones, que estaban ahí en lo que se restituían sus derechos violentados.* Todos estos niñes están ahí porque no encontraron a ningún familiar que pudiera o quisiera hacerse cargo de ellos, explica Daniel Morales, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Baja California Sur.

A Carlitos lo recibieron en aquel anexo clandestino con humillaciones, castigos físicos y maltratos psicológicos, de los que también quiso huir, pero antes de que pudiera saltar la barda los directivos lo molieron a golpes hasta reventarle un pulmón. Así lo tuvieron, agonizando tres meses en una colchoneta; vomitando sangre y la poca agua y comida que podía tragar, hasta que estuvo a punto de morir y los encargados no tuvieron otra opción que hablar a una ambulancia que le salvó la vida. Sólo así pudo salir del anexo, aunque con las consecuencias de una tuberculosis pleural e impactos psicoemocionales. 

Historias como esta se repiten en la mayoría de centros clandestinos del estado, de acuerdo con Pablo Deng Chiw, académico de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, quizá, el que mejor conoce la situación de estos establecimientos en este estado del noroeste del país. El año pasado pudo ingresar a uno de ellos para documentar lo que ahí pasaba, como parte de su proyecto de tesis de doctorado. 

En este espacio, del que prefirió omitir el nombre por su propia seguridad, más parecido a una cárcel que a un centro de ayuda, había más de 100 personas hacinadas en pequeños cuartos, la mayoría ingresados por problemas con la metanfetamina y muchos de ellos jóvenes. Los internos le narraron historias de horror. Uno de los internos recreó escenas de golpizas brutales. Otro le contó cómo se puso un tornillo en la frente y se estrelló con todas las fuerzas que le quedaban contra la pared, como intento de suicidio, harto del trato al interior. Uno más narró esto: 

Éramos 50 cabrones en el baño, desnudos. No había espacio, no te podías caer porque estabas hombro con hombro. Te movías tantito y ya tocaste a tres. Nos pidieron que nos tiráramos al piso donde estaba la ropa regada. Luego pasaba un tipo desnudo aventando el jabón en polvo al aire, como si les aventara comida a las gallinas. Pasaba a toda prisa y nosotros teníamos que tallar. Todo me parecía surreal. Me preguntaba ¿En dónde estoy? ¿En verdad es real? ¿En verdad existe un lugar en el mundo donde esto sucede? Mira, con decirte que una vez un tipo le dijo al cocinero que la comida estaba un poquito salada. Como castigo hicieron el caldo con el agua del excusado.

Deng Chiw descubrió, además, que el porcentaje de éxito de rehabilitarse es de apenas 3%. “Es una farsa, es un negociazo como en todos los centros de rehabilitación privados y clandestinos. Les cobraban la estancia, cerca de 10,000 pesos al mes, los obligan a vender productos en la calle, los rentan para trabajos forzados en obras de construcción”, enumera el investigador. 

Aunque funcionarios de la Sipinna de Baja California Sur negaron en entrevistas que se trasladaran a adolescentes hacia anexos clandestinos, mediante solicitudes de información reconocieron que, de 2017 a 2021, sí lo hicieron con 27 jóvenes, a quienes transfirieron desde casas hogares a centros de rehabilitación que operan sin aval de la Federación, pero con permisos a nivel municipal.*

En prisión, lejos de mamá

México sostiene una política punitiva de drogas que ha tenido como consecuencia que un montón de niños, niñas y adolescentes se hayan criado sin el cuidado de sus madres porque el Estado se ha encargado de perseguir y encarcelar durante años, y sin sentencia, a miles de mujeres por portación de microdosis de sustancias adictivas; en muchos casos, para autoconsumo. 

Desde 2009, que el narcomenudeo se tipificó como delito, 16 mil personas están presas por conductas asociadas a la portación simple de droga, la mayoría para autoconsumo, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), del Inegi. Esta estadística también indica que, en promedio, cada uno de estos individuos tiene dos hijes, lo que arrojaría una cifra de más de 30,000 niñes con padres y madres encarcelados. 

Para Adriana Muro Polo, directora ejecutiva de Elementa, una organización civil dedicada al análisis e incidencia sobre política de drogas y derechos humanos, estos padres y madres han sido encerrados a causa de una política punitiva y prohibicionista fallida que está cercenando proyectos familiares y de vida. “Además, los privados de la libertad no son los grandes capos de la droga, sino personas en situación de vulnerabilidad”, dice.

Una revisión a todas las sentencias públicas disponibles por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, que el Poder Judicial ha emitido en Baja California Sur confirman lo dicho por Muro Polo. Una fue contra un albañil de 48 años que declaró ganar 2,000 pesos semanales y que portaba lo equivalente a seis cigarros de marihuana.* Otra fue contra un joven desempleado de 23 años, al que la Policía le encontró en su monedero 0.68 gramos de metanfetamina para autoconsumo.* 

En el caso de las mujeres, hay más de 100 esperando hasta una década por el término de sus procesos por posesión de microdosis en este estado*. Sólo existe un caso con sentencia, de una mujer de 37 años, aprehendida cuando caminaba en las inmediaciones del malecón de La Paz, la noche del 17 de junio de 2022. Ese día, al notar la presencia de una patrulla la mujer tiró al suelo la mochila que cargaba y se alejó caminando. Las policías la detuvieron, revisaron el bolso y encontraron 8.6 gramos de metanfetamina. La pusieron a disposición y se ordenó prisión preventiva. A finales de 2023 recibió la sentencia condenatoria en la que la juez resolvió que, como la portación no era con fines de comercialización sino para uso propio, el caso no ameritaba más cárcel y pidió sustituir la pena por una simple multa de 1,250 pesos. Eso, después de 14 meses de estar presa, sin ningún servicio de atención a su adicción y separada de los tres hijos que reportó tener.* 

Para conocer la situación de otros estados se ingresaron solicitudes de información a las secretarías de Seguridad de todo el país y sólo la de Aguascalientes contestó con el nivel de detalle requerido. Así sabemos que, desde 2016, hay en este estado 850 mujeres en prisión por delitos contra la salud, de las que 106 son madres. 31 de ellas estaban ahí por portación simple de metanfetamina y declararon tener 66 hijes menores de edad esperando por su libertad rejas afuera.*

La hija del sicario que nunca durmió bien

La primera vez que estuvo en una balacera fue cuando aún estaba en el vientre de su mamá. Fue un atentado fallido contra su padre, un narcomenudista que se convertiría a la postre en el líder de sicarios del cártel más poderoso de Quintana Roo. Después de parirla, su madre huyó y la dejó al cuidado de este mafioso, –autor material e intelectual de un sin fin de asesinatos en los últimos tiempos en el Caribe mexicano, de acuerdo con informes de la Sedena –; del hermano de éste –actualmente preso por narcotráfico– y de la abuela, con ceguera parcial. Ella se llama Lola.

Ella creció en un hogar con violencia (en Cancún), porque su padre golpeaba a la abuela y a ella. La figura de su padre era de amor y miedo: sí la llevaba a la escuela y le daba de comer, pero también la golpeaba y la amarraba cuando decía que se portaba mal. Creció en un ambiente de un grupo delictivo. Dice que había una bodega llena de todo tipo de droga y armas. Cuando la autoridad los cateaba dice que nunca pasaba nada, siempre se arreglaban para que no les pasara nada”, dice una exfuncionaria pública que atendió a Lola y que pidió el anonimato por motivos de seguridad.

“Llegó conmigo hinchada, sólo comía comida chatarra; no se alimentaba bien y no dormía bien. Ella dice que recuerda nunca haber dormido bien porque su papá tomaba y se drogaba mucho y llevaba la fiesta a la casa, entonces, la música a todo lo que daba, hombres armados entrando y saliendo. Una vez dice que un vecino tocó para pedirles que bajaran la música y el papá lo amenazó y le arrancó un dedo a mordidas. Muchas veces abusaron de ella los amigos de su papá porque él se quedaba tirado, perdido. Nunca durmió bien porque todo el tiempo estaba vigilante. El cortisol lo tenía a tope, el estrés, y eso afecta, cuando se trata de niños o niñas, al desarrollo neuronal. Me acuerdo que ella decía que no le gustaba la escuela porque nunca se pudo concentrar por no dormir, por lo que vivía; decía que solo veía que los maestros movían la boca, pero no les entendía nada. Reprobaba y eso la llevaba a que se burlaran de ella: ahí está la hija de ‘este señor’ que es tonta. Una vez, otra chica que también su familia estaba involucrada con las drogas, la agredió en los baños, le dijo que si se creía mucho por ser la hija de ‘tal’ y la golpeó. Todo eso se le juntó con que ejecutaron a su papá, porque las cosas cambiaron y dejó de tener protección, y lo mataron. A su hermano lo metieron a la cárcel. Un mes y medio después de eso ella intenta quitarse la vida, porque piensa que no tiene sentido su vida, que ya nadie la va a cuidar y, encima, se iba a quedar al cuidado de su abuela. Estamos hablando de una niña de 16 años que tuvo que pasar por todo eso. Fue hace dos años lo de su papá, y a los seis meses llegó conmigo a que la atendiera. Sólo vino cuatro veces y no volvió. No sé nada de ella. Me preocupa porque está en una edad que despierta interés entre el crimen organizado para que sean víctimas de trata u otros delitos”, dice en entrevista esta fuente.

La violencia desbordada en México y que impacta a los hijos de personas con consumo problemático tampoco ha sido considerada en las políticas sobre drogas y derechos de la infancia en México, ni siquiera en los cuatro tomos sobre el tema producidos por el Grupo Pompidou. 

Tan sólo en Quintana Roo –donde vive Lola– se han registrado en lo que va del año 760 víctimas de violencia contra niñas, niños y adolescentes cuyos padres o madres, al momento del reporte, estaban drogados o declararon tener una adicción (el 90% fueron hechos cometidos bajo los efectos de fármacos o narcóticos).*

Dos ejemplos. 

El pasado 7 febrero alguien hizo una llamada anónima de emergencia desde Chetumal, capital de Quintana Roo. La Policía acudió al domicilio señalado y encontró a una pareja drogada con metanfetamina. Ambos declararon estar desempleados. Luego de una entrevista con la denunciante la Policía supo de las agresiones en este hogar, entre la pareja, adicta a la metanfetamina, y contra sus tres hijes, menores de edad. Los niñes presentaban señales de maltrato psicológico y retraso en su desarrollo y declararon sufrir golpes y humillaciones con ofensas y groserías, según se lee en los apuntes que el agente respondiente anotó en la ficha informativa, junto con la siguiente información: 

Romina:
Edad: 6 

Nivel educativo: primero de primaria 
Enfermedad: retraso en el habla y en las habilidades esperadas para su edad como contar, ya que solo sabe contar hasta el 10.* 

Renata:
Edad: 5 

Nivel educativo: preescolar 
Enfermedad: desnutrición severa.*

Román:
Edad: 2 

Otros: no cuenta con acta de nacimiento

El padre es el más agresivo e impulsivo de los dos. Los tres menores presentan claras señales de tenerle miedo a sus padres y reaccionan temerosos ante cualquier sensación auditiva que sea a alto volumen, no importa que sean risas, música o sonidos de coche, tienden a esconderse y alejarse. El maltrato psicológico es constante, ya que a cada rato ambos padres se refieren con groserías y comentarios humillantes a los menores. Todos presentan caries en los dientes y retraso en su desarrollo intelectual con respecto a su edad, pero no es debido a una situación de discapacidad mental sino a descuido y posiblemente a que no han asistido de forma correcta a una institución educativa.*

En otra llamada anónima, mayo pasado, hecha desde uno de los 200 asentamientos irregulares de Cancún, que son barrios marginales sin servicios públicos donde vive el 30% de la población. La policía llegó al lugar, una casa de madera con una lámina como puerta de entrada. En el reporte se lee lo siguiente:

Son tres menores, de 4, 5 y 2 años, que viven en condiciones deplorables. Viven entre heces, no tienen agua potable, no han comido y, al parecer, presentan una infección auditiva. La informante anónima afirma que los padres son consumidores de metanfetamina y que la madre aparentemente está embarazada nuevamente. La informante acudió al Ministerio Público, quien le indicó que hiciera su reporte al 911. Refiere que la madre de los menores se llama ***, de aproximadamente 21 años, y el padre se llama ***, de aproximadamente 27 años. Ambos no trabajan. La informante indica que el padre se dedica a robar herramientas de su antiguo trabajo y añade que la menor de 2 años se queja de que su madre le pega. También menciona que el lugar tiene un fuerte olor a heces y que el baño está lleno de excremento.* 

Sobre este punto, Giacomello hace un nuevo llamado para no estigmatizar a estos padres con adicción. “Es importante señalar que hay todo tipo de casos con respecto a los hijos de usuarios. La mayoría de personas pueden usar sustancias sin efectos sobre sus hijas o hijos. No por consumir sustancias significa que habrá violencia intrafamiliar, pero es verdad que existen algunos casos como estos en los que sí sucede y los que vale la pena atender”.

Es imperativo reparar sobre estos casos porque estamos pasando por una oleada de suicidios de esta población porque tardan en recibir atención profesional para saber manejar sus emociones, opina Ernesto Quiroz, psicólogo conductual de la Secretaría de Salud de Quintana Roo y quien atiende al año entre 20 y 40 pacientes de este tipo, tan sólo en una pequeña colonia del norte de Cancún.

Todos estos niñes con ansiedad y depresión, miedo y rencor; los huérfanos y los torturados; con caries o desnutrición severa, algunos ya perdidos en la metanfetamina, todos en el más profundo desamparo, están siendo cuidados por las abuelas, por las tías, por vecinas o quien sea, menos por el Estado.

Notas: i) 
Se cambió el nombre de todos los niños, niñas y adolescentes que brindaron su testimonio y aparecen en este reportaje, para cuidarles y garantizar su anonimato. ii) A fin de facilitar la lectura, se añadió un * para señalar cada que se trata de un dato obtenido a través de las más de 300 solicitudes de información hechas vía Transparencia durante la elaboración de este trabajo. iii) A modo de inclusión se usará “niñe” para referirse a niñas y niños, “hijes” para hijos e hijas y “parentela” para padre y madre.

Ricardo Hernández Ruiz
Gatopardo
México

Reportero freelance desde Cancún. Cubre temas sobre DDHH, migración, desarrollo urbano, medio ambiente e infancias. Publicaciones en NYT, Gatopardo, El País, Animal Político, Wired, Pie de Página, Reforma, Nexos. Ganador del Premio Nacional de Periodismo, el Breach/Valdez, The Save The Children América Latina y El Caribe, Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter.

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