Las mujeres con discapacidad en México han sido forzadas a la anticoncepción y esterilización. Según cifras oficiales, cuatro de cada diez. Algunas organizaciones sostienen que hay un subregistro, pues no hay estadísticas oficiales que documenten estas violencias.
Esto es alarmante si consideramos que en el país, 22 millones de mujeres mayores de 15 años viven con alguna discapacidad. Lo que supondría que al menos 8.8 millones de ellas han sido operadas para no tener hijos sin que hayan dado su consentimiento informado.
Lo cierto es que la esterilización forzada no solamente proviene del consejo médico, también del prejuicio de los familiares que en muchas ocasiones la justifican asegurando que es para prevenir embarazos no deseados producto de violaciones o abusos sexuales, como si esto fuera un proceso normal de la vida.
En México, la esterilización forzada no está tipificada explícitamente en el Código Penal, pese a que implica la violación al derecho a la salud, a la igualdad y a la no discriminación. Así pasan desapercibidas para un sistema de justicia que carece de las herramientas para que las mujeres con discapacidad accedan a la justicia.
Aunque en seis entidades han establecido leyes que consideran la violencia obstétrica como un delito, organizaciones señalan que esta no es la mejor vía para alcanzar una reparación integral para las personas que han sufrido este tipo de violencia.
La razón: la violencia obstétrica es un problema estructural que permea todo el sistema nacional de salud, y no solo se trata de individualizar el problema en el personal de salud que realizó el procedimiento.
Este especial recopila las historias de Mariana, Eunice y Karen, tres mujeres que se atrincheraron en la decisión por sus cuerpos en este contexto, pues la esterilización forzada no solo se limita a una cirugía médica no consentida; esta incluye una serie de violencias que van desde violencia institucional, médica, psicológica, reproductiva y sistémica.
HISTORIAS-EPISODIOS
EPISODIO 1
Después del silencio
Mariana* tiene una vida en la que faltan piezas. Por mucho tiempo no supo cuándo esas piezas fueron removidas y hoy lo cuenta con un sentido enorme de injusticia. “No sabía qué había pasado, no tuve conciencia. Pasaron años antes de que me diera cuenta”, dice Mariana, de 56 años al hablar de la esterilización forzada que le practicaron a sus 16.
Mariana vive con trastorno límite de la personalidad disociativa, una discapacidad psicosocial de nacimiento que comparte con varios familiares. Además, tiene discapacidad motriz adquirida debido a una trombosis y daño bilateral en las piernas, lo que la obliga a caminar con muletas desde los 30 años.
La madre de Mariana fue quien la ingresó a un internado para adolescentes a los 14 años, donde le realizaron una esterilización forzada dos años después, privándola de su derecho a decidir sobre su cuerpo para toda la vida.
Mariana fue sometida a una operación, supuestamente por apendicitis, o al menos así lo recuerda.
Tenía el problema de que no me llegaba mi regla, había cumplido 22 años y nada. Fui al Hospital General, ahí estuve en química de la reproducción y fue donde me dijeron que alguien me había esterilizado. Y le digo: ‘No, nadie me dijo’ y me responde: ‘¿cómo? si tú tienes la operación y todo’”. Y así se dio cuenta.
Después de esa revelación, Mariana empezó a hacer memoria para encontrar algún indicio sobre cuándo fue esterilizada, debió de ocurrir en 1985, cuando supuestamente tuvo una emergencia por apendicitis.
En México, cuatro de cada diez mujeres con discapacidad han sido esterilizadas, según cifras oficiales de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH). Algunas organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Disability Rights International (DRI) sostienen que hay un subregistro, pues hay pocos datos y estadísticas sobre la situación de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en México.

A Mariana no le especificaron qué tipo de operación le realizaron para esterilizarla. Pudo ser una histerectomía —comúnmente conocida como salpingoclasia— que es una cirugía para extirpar el útero y el cuello uterino, o una Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), la cual consiste en amarrar, cortar, cauterizar o engrapar las trompas de Falopio para impedir el paso del óvulo desde el ovario hacia el útero.
Estos procedimientos se han usado para el control natal pero sobre todo para controlar o reducir la natalidad en grupos discriminados, como mujeres con discapacidad, indígenas, minorías étnicas y personas de la diversidad sexual, según el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas.
La esterilización forzada es considerada una violación de los derechos humanos y una forma de violencia obstétrica porque ignora la autonomía productiva, vulnera el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y salud reproductiva y puede ser realizada sin información adecuada o sin considerar opciones alternativas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
De acuerdo con información obtenida vía transparencia, a nivel federal la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió tres quejas de mujeres con discapacidad por histerectomía entre 2012 y agosto de 2024.
Dos de estos casos ocurrieron en la Ciudad de México: uno en un hospital de la Secretaría de Salud en marzo de 2016 y otro en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en mayo de 2020. El tercer caso sucedió en San Luis Potosí en el IMSS en octubre de 2018.

Ninguno de estos casos resultó en recomendaciones de la CNDH. Dos expedientes se cerraron después de brindar orientación, mientras que el tercero se archivó por falta de fundamentos.
Para esta investigación se solicitó a los 32 estados del país información sobre las quejas presentadas por mujeres con discapacidad ante las comisiones locales de derechos humanos por esterilización forzada, sólo la Comisión del Estado de Baja California (CEDHBC) y la Comisión de la Ciudad de México (CDHCM) tienen casos registrados con uno y dos expedientes respectivamente. Ninguno de estos concluyó en recomendación.
Esterilización para encubrir el abuso sexual
A menudo, bajo el pretexto de “protegerlas” de sí mismas y de posibles abusos, familiares y personal médico toman decisiones irreversibles sobre los cuerpos de las mujeres con discapacidad, explicó en entrevista Lisbeth Brizuela, directora para México de Disability Rights International.
Los argumentos que se esconden detrás de esta práctica están fundamentados en estereotipos de género, tanto familiares como médicos argumentan que las mujeres con discapacidad no deben tener hijos ni formar una familia, pues transmitirán su discapacidad, y no pueden ser buenas madres debido a su condición, señala el informe Abuso y negación de derechos sexuales y reproductivos a mujeres con discapacidad en México.
Pero detrás de estos argumentos se esconde una realidad más siniestra. La esterilización forzada también beneficia a quienes quieren encubrir abusos sexuales. La estancia de Mariana en el internado es ejemplo de esto.
Ella cuenta que, desde los 15 años, fue víctima de prostitución dentro de algunos de los internados en los que estuvo recluida. La esterilización forzada fue una medida para encubrir el abuso sexual y la explotación que junto a otras niñas sufrió. Una práctica de la que no era consciente, pues era una violación sistémica en estos lugares.
Nos dijeron una vez: ‘No es buen plan para el negocio quedar embarazada’”, señala Mariana.
Un ejemplo de esta situación es el caso de Casa Esperanza, una institución para personas con discapacidad en la Ciudad de México en la que según una denuncia de DRI, en 2014 había una política de esterilización forzada establecida con la connivencia de las autoridades y que encubrió abusos sexuales.
“El argumento del director era que él no podía protegerlas de que algún externo abusara de ellas. Si hay abuso sexual y no hay embarazo, pues tampoco hay forma de denuncia o de comprobarlo, si la chica no tiene el lenguaje o las posibilidades de comunicarlo, pues va a ser mucho más complejo poder identificar estos casos”, explicó Lisbeth Brizuela.
En 2014, Disability Rights International denunció el caso de Casa Esperanza ante el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Comité CDPD), quien pidió a México investigar y garantizar justicia y reparaciones para las víctimas.
A una década de la denuncia de estas violencias que también incluyen golpes, amenazas y castigos corporales, las autoridades mexicanas han ignorado los llamados a la acción, permitiendo que los responsables de estos crímenes sigan en libertad.
En México, 22 millones de mujeres mayores de 15 años viven con discapacidad o limitación, según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), muchas de ellas enfrentan una vida marcada por la violencia.
Casi siete de cada 10 mujeres con discapacidad han sufrido algún tipo de violencia en su vida. Esto representa a 16.3 millones de mujeres que han sido víctimas de abusos, maltratos o agresiones. Tan solo en 2020, 9.8 millones de ellas enfrentaron violencia.
La realidad es contundente: las mujeres con discapacidad son más vulnerables: el 72.6% de ellas ha experimentado violencia en contraste con el 66.7% de las mujeres sin discapacidad.
La invisibilidad es una carga pesada que llevan las mujeres con discapacidad en México. No solo se enfrentan a barreras físicas y sociales, sino que también son borradas de las estadísticas oficiales, fue hasta 2021 que la ENDIREH incluyó por primera vez a las personas con discapacidad.
¿Cuántas mujeres mexicanas con discapacidad son esterilizadas sin su consentimiento?, ¿Cuántas mujeres con discapacidad no tienen acceso a servicios ginecológicos?, ¿Cuántas han sido víctimas de violencia sexual?”, se pregunta Jenny Bautista, integrante de Mexicanas con Discapacidad y el Movimiento de Personas con Discapacidad.
La respuesta es un silencio ensordecedor. No hay cifras, no hay datos, no hay registros oficiales. Es como si estas mujeres no existieran. Pero existen, resisten. Y sufren. La falta de datos es un muro que impide entender la magnitud del problema.
La Encuesta Nacional sobre la violencia hacia mujeres con discapacidad en la pareja del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP) revela que el 64% de mujeres de 15 años en adelante con discapacidad han vivido violencia sexual.
Yereli Rolander, directora CIDIP destaca la necesidad de datos precisos y accesibles sobre la violencia contra las mujeres con discapacidad, pues muchas enfrentan una doble vulnerabilidad: la discriminación por su condición y la violencia física, emocional o psicológica.
En algunos casos, sus parejas, familiares o cuidadores utilizan tácticas de control y manipulación, restringiendo su acceso a apoyos esenciales como sillas de ruedas, bastones o medicamentos. Además, algunas enfrentan la amenaza de hospitalización o institucionalización.
“Las violencias que viven las mujeres con discapacidad parece un círculo del que no pueden salir. Cuando las instituciones hablan de atender la violencia contra las mujeres parecería que están hablando de solo una mujer. No hay políticas públicas pensadas desde la interseccionalidad, ni tampoco está previsto el presupuesto”, señala Yereli.
Reconstrucción
Mariana enfrentó la falta de autonomía en su vida debido a su entorno familiar y la falta de diagnóstico y tratamiento adecuado para su trastorno. “Tenía un carácter terrible”, recuerda. “Pero cuando empecé mi tratamiento, mi carácter fue cambiando completamente”.
Fue hasta 2024 que Mariana recibió un diagnóstico oficial de trastorno límite de la personalidad disociativa. “Ya tengo como unos seis años en psiquiatría”, dice. “Pero apenas hasta marzo de este año me dieron el diagnóstico como tal”.
La esterilización forzada es una violación de los derechos humanos y puede tener consecuencias emocionales y psicológicas graves. Años después, Mariana aún siente el dolor de su pasado.
Procuro no recordarlo porque duele mucho”, confiesa y sobre todo duele más ahora que ella está cuidando de su madre en su vejez, la misma persona que la ingresó en aquellos internados.
“De repente me pongo a pensar que la vida hubiera sido diferente, pero es como yo le dije a una amiga, porque ella dice que esa vida no nos tocaba, pero pues la vivimos. Y hay que enfrentar lo que nos queda por delante”, señala Mariana.
Mariana recuerda con intensidad los años de silencio, cuando las órdenes de otros definían su existencia. “Desde chica hasta los 47 años, mi vida fue una serie de instrucciones. Estuve muchos años en internados y después caí con personas que en vez de ayudarme me perjudicaron, hasta que quedé libre”, cuenta.
Entonces comenzó a reconstruirse. “Empecé desde cero. Me equivoqué muchísimas veces, pero ahora es muy diferente. Ya yo digo que si me equivoco fue mi decisión, pero mi decisión”, afirma con orgullo.

Algunos intentos
En México, la esterilización forzada no está tipificada explícitamente en el Código Penal, pero se han presentado iniciativas al respecto la más reciente en febrero de 2023 promovida por Geovanna Bañuelos, senadora del Partido del Trabajo.
La propuesta busca erradicar y sancionar la esterilización forzada a través de la modificación del artículo 67 de la Ley General de Salud y el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
También contempla considerar la esterilización forzada como violencia sexual y ofrecer información y orientación en planificación familiar en comunidades indígenas en su lengua materna.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Salud, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen. Hasta el momento no ha sido discutida.
Además, en 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a Sonia, quien demostró haber sido víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 2017. El personal del IMSS le practicó una esterilización sin su consentimiento, utilizando engaños y amenazas. La decisión de la SCJN en este caso es un paso importante hacia la protección de los derechos humanos y la justicia para las víctimas de esterilización forzada.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece que toda persona tiene derecho a la integridad personal, lo que incluye la protección contra la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Chiapas, Estado de México, Quintana Roo, Guerrero y Veracruz, son algunas de las entidades en el país que han establecido leyes que consideran la violencia obstétrica como un delito.
Camila Riva Palacio, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), explica en entrevista que esta no es la mejor vía para alcanzar una reparación integral para las personas que han sufrido violencia obstétrica.
La razón principal es que la violencia obstétrica es un problema estructural que permea todo el sistema nacional de salud, y no solo se trata de individualizar el problema en el personal de salud que realizó el procedimiento. La falta de insumos, capacitación y sistemas de apoyo para personas con discapacidad también juegan un papel importante en esta problemática.
Actualmente Mariana es intérprete en lengua de señas y del sistema braille, imparte talleres de pictogramas, se dedica a la programación, vende pan, disfruta cuidar a sus plantas y también asiste a su consulta psiquiátrica. “Tengo que asistir a un lugar donde puedo tomar mi medicamento para mi disociatividad, hablar y no hacerle daño a nadie, ni a mí misma”.
*Usamos el nombre “Mariana” para proteger la identidad real de quien nos compartió su historia.
EPISODIO 2
Autonomía y resiliencia
Eunice, una mujer con discapacidad psicosocial recuerda con dolor la reacción de sus familiares cuando se enteraron de su embarazo. “Me dijeron que cómo me había atrevido a embarazarme, que yo no iba a poder ser mamá”, relata. Tenía 29 años en ese entonces. Su familia la criticó y la juzgó, argumentando que “su condición” la hacía incapaz de cuidar a un hijo.
Pero Eunice se negó a renunciar a su derecho a ser madre. “Yo creo que nosotras las mujeres con discapacidad, tenemos derecho a formar una familia, a ser felices, a tener una pareja, a disfrutar la vida como cualquier otra mujer”, afirma en entrevista Eunice quien ahora tiene 44 años.
Sin embargo, la discriminación no solo provino de su familia. La psiquiatra que la atendía en el Hospital General Dr. Dario Fernandez Fierro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también sugirió que abortara, argumentando que no estaba preparada para ser madre.
Me mandaron hacer unos estudios, pero yo pensaba que eran los estudios de rutina… y cuando estaban haciéndome un ultrasonido, me comentó la doctora: ‘¿Tú estás de acuerdo con abortar?'”, relata Eunice, aún conmocionada.
“Es curioso cómo la sociedad puede cambiar su discurso sobre el aborto cuando se trata de mujeres con discapacidad. De repente, es visto como algo positivo por algunas personas de la sociedad que comúnmente dirían no al aborto”, señala Lisbeth Brizuela, directora para México de Disability Rights International (DRI).
El pasado 17 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo que permite a mujeres con discapacidad en Sinaloa decidir libremente sobre continuar o no un embarazo, sin necesidad de autorización médica. Esto elimina una restricción que existía pese a la despenalización del aborto en el estado en 2022, garantizando así su autonomía y libertad de elección.
Además, en el Hospital General Dr. Dario Fernandez Fierro, donde Eunice acudió para su atención prenatal, le negaron el acceso al hospital para atender su parto debido a su discapacidad.
Me dijeron que no podía tener a mi hija en ese hospital por tener discapacidad”, recuerda. La institución le exigió pagar 13 mil pesos para atender el parto, a pesar de ser derechohabiente.
De manera explícita el ISSSTE no niega la atención del parto de mujeres con discapacidad. Sin embargo, al ser cuestionada vía solicitud de transparencia sobre el número de mujeres con discapacidad a las que brindó atención gineco obstétrica durante el embarazo y el parto desde el año 2012 a la fecha, la institución respondió que no tiene un censo específico sobre el tema.
Esta falta de registro impide conocer la cantidad de mujeres con discapacidad que han accedido a servicios de atención ginecológica, obstétrica y de planificación familiar. La información general sobre estos rubros se encuentra en el Resumen de Servicio Médico y Partos y Muertes Fetales contenidas en los Anuarios Estadísticos del ISSSTE.
A pesar de estos obstáculos, Eunice luchó por tener a su hija. “Yo quería tener a mi bebé, yo quería verla nacer, cuidarla”, afirma. Sin embargo, la sociedad sigue cuestionando su capacidad para cuidar a su hija, quien nació con discapacidad intelectual y psicosocial. “Me comentan que para qué la traje a sufrir”, dice, con la voz entrecortada.
Después de haber enfrentado discriminación y la vulneración de su propio derecho a decidir en el pasado, Eunice no quiere que su hija pase por lo mismo. Cuando su familia y la psiquiatra del ISSSTE, que hace más de una década le sugirieron que abortara, le dijo que a los 14 años debía operar (esterilizarla) a su hija para evitar que tuviera bebés, su respuesta fue contundente: “Es su decisión, es su cuerpo”.
“Yo no puedo invadir su privacidad, su cuerpo y sus deseos. Si ella quiere formar una familia, quiere tener bebés, yo la voy a apoyar en todo”, dijo Eunice.
Eunice fomenta una relación de confianza y respeto con su hija, animándola a expresar sus sentimientos y enseñándole sobre sus derechos y opciones. Además, ha creado una red de apoyo sólida, que incluye amigos y profesionales que la conocen y la quieren.
“Le he dicho que cuide mucho su cuerpo, que su cuerpo es muy importante, que no se avergüence de él (…) y también le enseño a que se bañe, cambie de ropa. Le hablé sobre la menstruación, sobre todo sus cambios, todo lo que no me enseñaron a mí estoy enseñándole para que pueda tener más seguridad y también evitar abusos”, cuenta Eunice.

La sexualidad de las personas con discapacidad sigue siendo un tema tabú, rodeado de estereotipos y discriminación. Sobre todo se considera comúnmente que las mujeres con discapacidad son asexuales, dependientes e incapaces de tomar decisiones sobre su propia sexualidad y reproducción, según explica Lisbeth Brizuela.
Según Camila Riva Palacio, investigadora jurídica de GIRE, estos prejuicios basados en el género y la discapacidad perpetúan la discriminación estructural contra las mujeres con discapacidad, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos.
El capacitismo es la discriminación y opresión hacia personas con discapacidad, considerándolas inferiores o menos capaces. Se manifiesta en estereotipos, lenguaje despectivo, falta de accesibilidad y exclusión social, esto puede ser explícito o implícito, de acuerdo con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
En México, la visión capacitista en las leyes impacta negativamente en los derechos de las personas con discapacidad, especialmente en su autonomía reproductiva. Un ejemplo es el caso de Jessica, una menor de edad con parálisis cerebral infantil que sufrió violencia sexual y quedó embarazada, este caso fue acompañado por el GIRE.
Debido a una restricción en el Código Penal de Chiapas, el hospital le negó el aborto después de 90 días de embarazo, obligando a su familia a buscar opciones por sus propios medios.
La ley no consideró la situación particular de Jessica, su discapacidad y su vulnerabilidad. Este plazo era inconstitucional porque no tomaba en cuenta condiciones como la igualdad, el derecho a vivir una vida libre de violencia y el derecho a la salud”, afirma Camila Riva Palacio.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) intervino en el caso y estableció que no debe haber límite de plazo para el aborto en casos de violencia sexual, especialmente considerando la vulnerabilidad de niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad.
Camila destaca que es fundamental considerar las intersecciones de edad, discapacidad, situación socioeconómica y otros factores en la protección de los derechos reproductivos y la autonomía. Esto implica revisar y reformar leyes y políticas para garantizar la igualdad, el derecho a vivir una vida libre de violencia y el derecho a la salud.
Yereli Rolander, directora del Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP) enfatiza la importancia de ampliar el concepto de violencia obstétrica a violencia gineco-obstétrica, pues señala que los servicios de salud perpetúan estereotipos y violencia sistemática contra las mujeres con discapacidad que les impiden ejercer sus derechos reproductivos y sexuales.
Para Hilda, una mujer con discapacidad visual de 52 años, ir a un chequeo ginecológico era una pesadilla, no sólo por la falta de accesibilidad en las instituciones de salud, sino también por los cuestionamientos y prejuicios del personal médico. “¿Por qué quieres saber y para qué?” y “¿qué le pasó en los ojos?”, eran dos preguntas que no podían faltar en cada consulta.
“Me costó mucho tiempo y esfuerzo obtener una atención adecuada. Algo tan simple como que te expliquen qué te van a hacer, qué necesitas y cómo te van a tratar, es más que suficiente. Pero a veces no te quieren atender, me decían: ‘No sé cómo le voy a explicar’. ‘¿Cómo no? ¿Qué no eres médico?’ Es más violento no querer saber que no saber”, explica Hilda.
La lucha por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres con discapacidad es una batalla contra la indiferencia. “Necesitamos servicios de salud accesibles, comunicativos y respetuosos”, concluye Yereli Rolander.
EPISODIO 3
Yo también soy mujer
Karen de 32 años recuerda que descubrir su sexualidad estuvo lleno de tabúes y curiosidad. Como mujer con discapacidad motriz, siempre se sintió diferente. La sociedad y los medios de comunicación parecían sugerir que la sexualidad era solo para personas sin discapacidad.
Pero Karen no se dejó intimidar, con el tiempo, descubrió que la sexualidad podía ser una fuente de placer y conexión. Sin embargo, se enfrentó a estigmas y barreras en su búsqueda de información y atención médica.
Los profesionales de la salud parecían no entender sus necesidades específicas como mujer con discapacidad, sobre todo cuando buscó métodos anticonceptivos.
Él (ginecólogo) me dijo: ‘Pues necesitas un método anticonceptivo como cualquiera’, pero nunca me dijo porque él tampoco lo sabía, pues lo peligroso para mí eran los anticonceptivos hormonales”, cuenta Karen.
Afortunadamente, Karen encontró a una ginecóloga que la entendió y la apoyó. “Ella me dijo: ‘Tú no puedes usar hormonas, cero… no puedes usar un DIU de cobre porque como estás sentada todo el tiempo y además tienes una escoliosis marcada, tampoco puedes usarla porque te puede desgarrar el intestino, la matriz, todo”.
La falta de acceso a información sobre derechos reproductivos y sexuales sería solo la punta del iceberg de la violencia obstétrica que Karen enfrentaría con su embarazo. Una violencia que una de cada dos mujeres con discapacidad ha experimentado de acuerdo con la ENDIREH de 2021.
La violencia obstétrica contra mujeres con discapacidad es una realidad alarmante en México. A pesar de los avances legislativos como la reforma al Código Civil de Procedimientos, que reconoce la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, los obstáculos persisten y niegan a estas mujeres su derecho a la autonomía y la igualdad, pues la implementación de esta reforma es lenta y enfrenta resistencia.
“La sociedad sigue viendo a las mujeres con discapacidad como incapaces de tomar decisiones. Si ellas no tienen este derecho a decidir sobre ellas mismas y sobre sus propios cuerpos, pues vienen las violencias, los estereotipos, la negación de derechos”, explica Lisbeth Brizuela, directora para México de Disability Rights International (DRI).
Un obstáculo significativo es la NOM 005-SSA-1993 de los servicios de planificación familiar vigente en México, que sugiere que si una mujer tiene discapacidad intelectual se le realice una Oclusión Tubaria Bilateral (OTB), un método anticonceptivo definitivo —coloquialmente conocido como ligadura de trompas o salpingoclasia— para que sea esterilizada.
Esta norma que viola los derechos humanos y discrimina a las mujeres con discapacidad intelectual pues perpetúa el estereotipo de que no deben reproducirse, es uno de los ejes rectores en el Protocolo de planificación familiar en las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Desde 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresó preocupación por la esterilización forzada de mujeres y niñas en México, especialmente aquellas con discapacidades mentales, y el limitado acceso a servicios de salud reproductiva.
Para solucionar esto, el Comité recomendó que el Estado garantice el consentimiento informado antes de esterilizaciones, sancione a profesionales irresponsables y ofrezca reparaciones e indemnizaciones a víctimas de esterilizaciones no consentidas, para proteger los derechos reproductivos de las mujeres y niñas.
La falta de capacitación del personal de salud sobre derechos sexuales y reproductivos es un obstáculo crucial para que las mujeres con discapacidad accedan a información al respecto.
Resiliencia
Aunque Karen siempre había querido ser madre, su embarazo llegó inesperadamente. Después de varias pruebas negativas, había comenzado a dudar de sus sospechas. Sin embargo, cuando sintió los primeros movimientos de su bebé en su vientre, supo que su intuición era cierta. Un ultrasonido realizado cuando su hijo tenía 26 semanas confirmó definitivamente su embarazo.
Antes de embarazarse, los médicos habían advertido a su familia sobre los riesgos debido a su discapacidad y escoliosis. “Me dijeron que mi vida corría peligro”, recuerda Karen. Pero ella estaba decidida y contó con el apoyo y cuidado de su papá y hermana.
Karen define su parto como un acontecimiento horrible pero hermoso a la vez. Una serie de errores médicos y falta de comunicación pusieron en riesgo su salud y la de su bebé. Los médicos del Hospital Obregón insistieron en que su hijo no sobreviviría debido a su prematuridad, y que ella también corría riesgo de muerte.
Al no contar con la infraestructura necesaria para atender su caso la trasladaron al Hospital General donde enfrentó una violencia obstétrica institucionalizada. Los médicos le impusieron tratamientos sin su consentimiento, le administraron medicamentos sin su autorización y la presionaron para que se sometiera a procedimientos irreversibles como la salpingoclasia y la histerectomía.
No quiero que me esterilicen”, gritaba Karen en el pasillo del hospital. “No les firmes nada, papá. No dejes que me esterilicen. Si lo hacen, los voy a demandar a todos”. Karen se negó rotundamente a aceptar la violencia y la falta de respeto por sus deseos.
A pesar de los obstáculos, y de los malos pronósticos Karen dio a luz a un hijo saludable de 38 semanas. Pero la experiencia la dejó marcada.
“Los doctores me decían: ‘Es que cómo no te das cuenta que es muy riesgoso, muy peligroso que tú vuelvas a tener un hijo’. Y yo así de: ‘ese no es no es tu problema’. Yo no voy a permitir que me esterilicen de forma forzada, obligatoria, porque yo no quiero. O sea, tengo 30 años. No, no, no, no”, recuerda Karen.
Desde pequeña, Karen sintió que su cuerpo no era completamente suyo. Con una discapacidad motriz que requería constantes tratamientos y atención médica, su autonomía se vio comprometida. Sus padres tomaron decisiones que afectaron su libertad.
La medicación constante y las expectativas de sus padres y médicos crearon una sensación de vulnerabilidad en Karen. Su cuerpo era objeto de intervenciones y tratamientos, sin considerar su opinión ni sus deseos: vivió con una sonda durante años, después de una cirugía en su niñez que nunca le explicaron adecuadamente.
“Afortunadamente en todo este circo de úlcera-nacimiento, ya no necesito la sonda que además tal vez nunca necesité, porque siempre tuve esta sensación de querer ir a hacer pipí, pero pues cuando eres niño es como de: ‘no, el doctor es el que sabe, tú no sabes’. Osea, es tu cuerpo, pero eso que estás sintiendo no es cierto, porque el doctor dice que no es verdad”, señala Karen.
De acuerdo con información obtenida vía transparencia la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió 2 mil 915 quejas por cesáreas realizadas a mujeres con discapacidad entre 2012 y agosto de 2024. Esto es preocupante, ya que en algunos casos, las cesáreas pueden ser un indicador de violencia obstétrica si se realizan sin consentimiento informado o justificación médica clara.
Karen no puso la denuncia por la violencia obstétrica que sufrió al dar a luz a su hijo, su resistencia la vivió en su casa y desde el cuidado de su cuerpo y de su hijo. En México el 94% de las mujeres con discapacidad que sufren cualquier tipo de violencia no denuncian por falta de apoyo y el desconocimiento de las instituciones que puedan protegerlas, según el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad (CIDIP).
A esto se suma que, de 2016 a 2021, el 26% de las mujeres con discapacidad que asistieron a oficinas de servicios de gobierno no fueron atendidas de forma injustificada, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) de 2022.
Grito de justicia
El acceso a la justicia para las mujeres con discapacidad en México es un camino lleno de obstáculos. Jenny Bautista, integrante de Mexicanas con Discapacidad y del Movimiento de Personas con Discapacidad, recuerda casos de violencia y discriminación que han vivido sus amigas y compañeras.
Uno de ellos es el de una amiga cercana —con discapacidad visual—, quien fue víctima de un intento de violación. Cuando ella acudió al Ministerio Público para denunciar se enfrentó a la indiferencia de las autoridades.
“Le negaron el servicio porque no podía describir al agresor”, relata Jenny. “¿Qué pasa con las cámaras y la infraestructura que debería protegernos?”
El caso de Michel Chávez es otro ejemplo. Debido a la violencia de género que ejerció su expareja en su contra perdió una pierna en 2020, así adquirió su discapacidad motriz. Cuatro años después, la justicia sigue sin resolver su caso. “Le piden un video que demuestre el intento de feminicidio”, explica Jenny.
La experiencia personal de Jenny, es un ejemplo más de la inaccesibilidad del sistema de justicia. Después de ser atropellada, acudió al Ministerio Público para presentar su denuncia, y se encontró con que no contaba con baños accesibles ni rampas para sillas de ruedas.
La lista de obstáculos para presentar una denuncia es larga. Mujeres con discapacidad intelectual sin acompañamiento, mujeres sordas sin interpretación de lengua de señas, mujeres con discapacidad motriz y visual sin infraestructura accesible.
“Tenemos que ver la justicia desde una perspectiva interseccional. No podemos seguir relegando a las mujeres con discapacidad a la invisibilidad y discriminación”, enfatiza Jenny.

Sandra Rojas
La Cadera de Eva
México
Nací, crecí y vivo en el Estado de México. Estudié Comunicación y Periodismo en la UNAM. Empecé mi camino profesional en Milenio. Me apasiona cubrir temas de género y derechos humanos, buscando siempre amplificar las voces y experiencias de mujeres resilientes. Actualmente formo parte de la equipa de La Cadera de Eva, donde continúo mi compromiso con la igualdad y justicia.